La financiación política es algo connatural a la política, y por lo tanto se debe tener especial cuidado en la normatividad que regula dicha actividad, dado que el nivel de transparencia y beneficio es proporcional a cómo se ha reglamento el ejercicio de la financiación.
En cuanto a las “Ventajas democráticas de una financiación política transparente”. Los primeros en verse beneficiados por una correcta financiación son los propios políticos y los partidos políticos, pues ante un proceso transparente de financiación su imagen frente a la opinión pública mejoraría, mostrándose como una organización confiable y fuerte, así mismo puede atraer fuentes de financiación privada, en la cual pueden encontrar además de otra fuente de financiación una imagen que transmite que no existe un interés particular por algún grupo poblacional.
Respecto a “Los riesgos de la financiación política”, estudios realizados por el proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica (LAPOP) demuestra cómo se tiene poca confianza en las instituciones políticas del país, el presidente (más allá de la presidencia como institución) es el único que pasa la opinión con el 67,8%, en el último lugar están los partidos políticos con el 36,7%. En gran medida esta desconfianza en Colombia responde a la penetración de dineros provenientes del narcotráfico y el paramilitarismo.
Los riesgos que conlleva la financiación indebida en elecciones en Colombia puede ser ejemplificada en las dos últimas elecciones legislativas, por una parte en el 2006 60 congresistas fueron investigados por financiación indebida, las mencionadas investigaciones demoraron, hay algunos casos que aún se encuentran en proceso de investigación. Por otro lado, en las recientes elecciones legislativas 32 de los senadores elegidos están cuestionados por el mismo hecho de acuerdo con el estudio de Claudia López “De la parapolítica de 2006 a la de 2010”.
De esta manera en el documento, se retoman de Kevin Casas y Daniel Zovatto (2010) “Interrogantes sobre el proceso de financiamiento político”, para orientar así la elaboración de una normatividad que elimine el financiamiento ilegal de campañas, entre estas:
•¿Cómo minimizar el riesgo de la entrada de fuentes de financiamiento cuestionables en los partidos y en las campañas?
•¿Cómo generar condiciones para que un grupo adecuadamente amplio de partidos y candidatos tenga posibilidades mínimas de transmitir su mensaje a los votantes?
•¿Cómo crear condiciones para que la legislación sobre financiamiento político se amplíe sustancialmente?
II. Legislación Sobre Financiamiento Político
Por otro lado, el documento abarca un breve análisis acerca de la legislación existente del financiamiento político. Asegurando que si bien hace parte de la estabilidad del sistema político el acuerdo entre los actores, también hace parte la necesidad de la creación de una serie de herramientas normativas legales que definan las reglas de juego para todos los actores.
La regulación en materia de financiación se remite a la Ley 58 de 1985, a partir de ella se han realizado ocho grandes reformas que siguen el patrón de reformar la normatividad, tomando como punto de partida lo no abarcado o no reglamentado por la norma predecesora. Sin embargo, con las numerosas reformas tal como lo indica el profesor David Roll (2010) el Ejecutivo y el Congreso se encuentran aun debatiendo sobre qué cosas hay que reformar.
Hay que mencionar que tal proceso de continuo reformismo es necesario, dado que para Zovatto (2006) la normatividad realizada en el país sobre el tema propuesto se ha especificado en aspectos como lo técnico y lo formal en cuanto a financiación, métodos de distribución, costo de la publicidad; pero ha dejado de lado aspecto igualmente importantes tales como la rendición de cuentas, financiación privada y responsabilidad de los partidos.
III. Los Actores del Financiamiento Político en el marco del PLE
Por último, en el documento se identifican cuatro actores dentro del financiamiento político, asegurando que según la forma como estos se relacionen se puede definir u obtener el estado del financiamiento político. Entre estos encontramos
1. El sujeto Fiscalizador. Dentro del PLE se reconoce al Consejo Nacional Electoral (CNE) como organismo, en el mencionado anteriormente trabajo del profesor David Roll, se hace referencia sobre algunas debilidades que tiene el CNE para cumplir con su función, las cuales se centran en la falta de capital humano, recursos y capacidad técnica. Además se hace necesario mencionar la politización CNE por la forma como son elegidos los Magistrados que lo componen, son elegidos por el Congreso y son provenientes de partidos políticos, haciendo la labor de representante no sólo del partido sino también abre la oportunidad que representen intereses de su colectividad. Se hace referencia a la necesidad de corregir ese tipo de situaciones.
2. El sujeto fiscalizado. Son los partidos políticos, los movimientos políticos y los candidatos. Es más que notable la necesidad que toma la financiación para mantener dichos actores en el poder. A su vez se afirma que los candidatos tienen tres formas para lograr financiarse, la pública, la privada y la mixta (las dos).
3. El sujeto donante. La financiación privada se ha dejado relegada en la normatividad, los esfuerzos se han encaminado más hacia la financiación pública. Lo cual deja en riesgo la transparencia y la responsabilidad cuando hay financiación privada. En un estudio de la Universidad de Estocolmo y Transparencia por Colombia se demuestra cómo para los empresarios dicha manera de financiación puede ser un medio para obtener beneficios particulares.
4. El sujeto de la información. Los ciudadanos pueden premiar o castigar a los partidos dependiendo de su rendimiento en cuanto a financiación, la rendición de cuentas es el medio, desafortunadamente en el país se ha tomado la rendición de cuentas como un requisito más para la reposición de votos, demostrando la falta de cultura política del país.
