La jornada comenzó con las palabras de bienvenida de Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), quien resaltó la importancia de abordar los problemas derivados de fenómenos como el contrabando, las economías ilícitas, la criminalidad y la violencia, así como el fortalecimiento de grupos criminales. Además, enfatizó en la necesidad de ampliar el análisis más allá del contrabando para incluir otras economías ilícitas como el narcotráfico y la adulteración de productos. Asimismo, destacó la escasez de acciones concretas y políticas efectivas para enfrentar estos problemas, subrayando la importancia de generar propuestas y reformas adecuadas.

Posteriormente, Andrea Valdelamar, Coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), agradeció el espacio y subrayó la relevancia del trabajo de la Fundación en el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Además, hizo hincapié en el grave problema del contrabando en el país, señalando que representa aproximadamente el 2% del PIB nacional. Asimismo, destacó la urgencia de discutir y analizar este fenómeno para ofrecer recomendaciones que ayuden a los tomadores de decisiones a desarrollar estrategias efectivas.

Después, Daniel Rico, economista y asesor político, abordó el tema del contrabando en Colombia desde tres perspectivas principales. En primer lugar, lamentó la falta de evaluaciones técnicas sobre el impacto de la ley anti-contrabando, implementada hace nueve años, enfatizando la necesidad urgente de estudios detallados para comprender mejor las dinámicas criminales asociadas. Destacó los avances como la creación del grupo especializado anti-contrabando en la fiscalía general y las mejoras que se han realizado entorno a la colaboración con agencias internacionales. Sin embargo, señaló desafíos persistentes como la necesidad de cerrar brechas legales en la regulación aduanera y mejorar la coordinación entre entidades como la DIAN y la Policía Fiscal Aduanera.

La senadora Erika Sánchez, del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, también intervino, destacando varias iniciativas legislativas relacionadas con la lucha contra el contrabando en Colombia. Hizo mención específica del Decreto 0659 del 22 de mayo de 2024, diseñado para actualizar el estatuto aduanero y reducir tiempos y costos logísticos. Enfatizó la necesidad de mejorar la coordinación entre la DIAN, la Policía Fiscal Aduanera y la Fuerza Pública, así como implementar medidas operativas contingentes. También se discutió la digitalización de documentos y la simplificación del pago consolidado como avances clave para modernizar los trámites aduaneros y mejorar la eficiencia en el control fronterizo.

Luego, Víctor Guerra, director Legal de Philip Morris International, contribuyó resaltando la problemática del comercio ilícito en América Latina, Canadá y Estados Unidos, destacando el contrabando como precursor de la delincuencia transnacional organizada. Subrayó seis aspectos fundamentales para enfrentar este fenómeno, incluyendo la judicatura, componentes militares, agencias de seguridad y fiscales, así como la participación del sector privado. También enfatizó la necesidad de adoptar una visión integral que abarque desde la detección inicial del contrabando hasta su judicialización efectiva, identificando la falta de coordinación entre las agencias del orden como un desafío clave. Finalmente, mencionó esfuerzos legislativos recientes que fortalecen las estrategias multidimensionales en la lucha contra las economías criminales transnacionales.

María Carolina Uribe, Gerente de prevención de comercio ilícito en Philip Morris Internacional, compartió reflexiones adicionales durante el evento. Celebró el enfoque multidimensional en la lucha contra el comercio ilícito, destacando la necesidad de abordar aspectos más allá de lo tributario y aduanero, incluyendo la seguridad y el crimen organizado. Reconoció avances como la expedición del estatuto aduanero en Colombia, aunque señaló vacíos normativos y problemas en su implementación, como la falta de coordinación interinstitucional y capacidades operativas adecuadas. Expresó preocupación por la falta de reconocimiento gubernamental sobre la relación del contrabando con el crimen organizado y la necesidad de una política pública integral. Además, subrayó la importancia de sistemas informáticos adecuados y recursos humanos suficientes para implementar efectivamente las nuevas regulaciones aduaneras y mejorar la visibilidad del comercio ilegal.

En conclusión, se resaltó la complejidad al abordar estrategias para luchar contra el contrabando y las economías ilícitas en Colombia, la región y el mundo. Igualmente, se enfatizó en la urgente necesidad de realizar evaluaciones técnicas para comprender mejor las dinámicas criminales y mejorar la implementación de políticas anti-contrabando. También se destacó la falta de coordinación interinstitucional entre entidades clave como la DIAN, la Policía Fiscal Aduanera y la fiscalía general, lo cual continúa siendo un desafío crucial para combatir dichos fenómenos. De igual forma, se destacó la importancia del sector privado y la sociedad civil para complementar los esfuerzos gubernamentales, así como la necesidad apremiante de mejorar la digitalización de procesos aduaneros y fortalecer la capacitación del personal para enfrentar eficazmente el comercio ilícito en el país