El evento inició con las palabras de bienvenida de Carlos Augusto Chacón, director del ICP, donde agradeció la presencia de los asistentes y señaló la relevancia de discutir y contribuir al debate público en el marco de la presentación de la ley estatutaria de reforma a la salud. Seguido a esto, Andrea Valdelamar, Coordinadora de Proyectos de la KAS en Colombia, quien expulsó el trabajo que la fundación desempeña para el fortalecimiento de la democracia a través de cinco ejes temáticos: el desarrollo sostenible, la construcción de paz, la seguridad y la defensa, la descentralización y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. De igual forma, resaltó la importancia y la pertinencia de discutir ampliamente la educación como un derecho y un mecanismo para cerrar las brechas de desigualdad en el país.
La provocación inicial se dio por parte de Paloma Valencia, senadora del partido Centro Democrático, y Juan Carlos Aponte, Vicerrector Académico del CESA, quienes mencionaron la necesidad de plantear una reforma al sistema educativa que reduzca la brecha entre el sistema público y privado, mejore potencialmente los resultados de las pruebas de estado e internacionales, especialmente, en habilidades básicas como matemáticas y lectura crítica. Asimismo, señalaron los retos y vacíos que contiene el proyecto en materia de equidad, oferta laboral, fuentes de financiación, flexibilidad educativa, si se va a priorizar cobertura o calidad, no hay claridad sobre la inclusión de poblaciones marginales, el posible debilitamiento de la universidad privada y las facultades extraordinarias que otorga la reforma al presidente.
Una vez presentada la provocación inicial, el Representante a la Cámara, Luis Alberto Albán, quien a su vez es Coordinador Ponente del proyecto en la Comisión I, aludió que la ley es un marco general y que durante el trámite se deben hacer ajustes y revisiones a la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994 para armonizar el marco jurídico de la educación. Seguidamente, intervino Marelen Castillo, Representante a la Cámara por el estatuto de oposición, quien señaló que si la educación es un servicio público este siempre debe ser garantizado por el Estado, sin desconocer el apoyo de las iniciativas privadas que han sido fundamentales en el proceso de ampliación de la cobertura en lugares donde la educación pública no ha logrado llegar. Asimismo, se debe reconocer el papel fundamental de las madres comunitarias como pilar inicial en el proceso de educación de la primera infancia, ya que es ahí donde inicia la formación de las personas que posteriormente van a acceder a la educación básica, media, técnica, tecnológica y profesional. Esto implica la necesidad de armonizar las 8 normas de educación superior y las 12 de la línea base de educación media.
Desde la academia, los docentes universitarios Omar Ortiz y León Cardona hablaron de la necesidad de reformar a ley estatutaria, el Sistema General de Participación (SGP) y el ICETEX, puesto que el sistema educativo colombiano no es unificado y funciona como un conjunto de partes que no necesariamente responde a las tendencias globales y de actualidad. De igual forma, expresaron su preocupación por la falta de claridad y los vacíos en temas de financiación y de articulación con otros ministerios y entidades del Estado.
Finalmente, Jesús Dulce, Director de Desarrollo Económico y Futuro del Empleo en Probogotá, hizo énfasis en la necesidad de unificar alianzas con el sector privado, como actor fundamental para atender y recoger la sobreoferta de profesionales, técnicos y tecnólogos. Asimismo, la reforma es deficiente en un enfoque de género fuerte y en ser explícito que para que se genere movilidad social no es necesario ser profesional y omite muchos otros oficios que son imperantes en la sociedad pero que están desapareciendo
