Notas de acontecimientos
Al encuentro, que tuvo lugar en la sede del ICP, asistieron representantes y asesores de agencias públicas colombianas, las fuerzas armadas y la policía, el Congreso de la República, centros de pensamiento en temas jurídicos, entre otros.
La Directora de Proyectos del Instituto de Ciencia Política, Julie Hernández, destacó la importancia de discutir la justicia penal militar no sólo por su pertinencia actual, en el contexto político y jurídico que se vive, sino también para futuros desarrollos del país en este ámbito.
El Dr. Hubert Gehring, representante de la KAS en Colombia, hizo énfasis en el interés de la Fundación en promover reflexiones y debates plurales sobre temas concretos para el fortalecimiento de la democracia en el país. En particular, mencionó, acerca de los asuntos relativos a la paz y al posconflicto, la KAS busca que organizaciones y líderes de opinión puedan dialogar y exponer sus visiones divergentes sobre puntos específicos del proceso de paz, trascendiendo discusiones genéricas sobre el tema.
Para dar inicio a la discusión, Sergio Ramírez, Director del Observatorio Legislativo del ICP, contextualizó a los participantes haciendo una breve exposición del estado actual del proyecto de reforma en el Congreso.
A continuación, la Dra. María ConsueloRodríguez, Secretaria General de Gabinete del Ministerio de Defensa, amplió la información acerca del proyecto de Acto Legislativo actualmente discutido en el Congreso, reformatorio de artículo 221 de la Constitución de Colombia. Resaltó los avances y fortalezas que se han consolidado en este sentido.
Otros representantes del sector –Justicia Penal Militar, Policía Nacional, Defensoría Militar y Acore, entre otros– se sumaron a esta intervención para abrir el debate y defendieron el fortalecimiento de la justicia penal militar a través de una reforma legislativa. Dentro de las intervenciones, manifestaron que la justicia penal militar no depende de la línea de mando ni es una justicia de segundo orden, pues sus fallos son en derecho y sus jueces, en comparación con los jueces ordinarios, tienen una alta formación y un conocimiento especial sobre el conflicto armado.
Por su parte, algunas organizaciones presentes como la Comisión Colombiana de Juristas, Colombia Líder y otros actores la sociedad civil manifestaron su preocupación por la reforma a la justicia penal militar pues, a su juicio, ella irá en detrimento de las Fuerzas Militares y de la Policía de Colombia. La posición defendida por estos participantes consiste en que varias organizaciones internacionales, incluidos algunos relatores de las Naciones Unidas, están en contra de la reforma a la justicia penal militar promovida por el gobierno colombiano en razón a que la reforma podría garantizar la impunidad en los juicios de los militares.
Otro sector de los asistentes argumentó que no es conveniente priorizar una reforma de las instituciones actuales que conforman la justicia penal militar, sino más bien fortalecerlas con mayores recursos y capacidades. Finalmente, se planteó la necesidad de difundir más la jurisprudencia que produce la justicia penal militar, pues actualmente hay un gran desconocimiento de ella.
