Inversión extranjera rural y propiedad privada: implicaciones del Proyecto de Ley 309

La jornada comenzó con las palabras de bienvenida de Carlos Augusto Chacón, Director

Ejecutivo del ICP, quien resaltó la relevancia de las mesas de expertos, que se han llevado a cabo durante más de 20 años en conjunto con la KAS con el objetivo de hacer seguimiento a la agenda legislativa y analizar los proyectos de ley en temas que impactan la liberta económica del país.

Luego, Andrea Valdelamar, Coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, resaltó el arduo trabajo de la KAS para el fortalecimiento de la democracia no sólo en Colombia sino en todo el mundo; asimismo, agradeció al ICP por la alianza estratégica que ha servido para crear espacios para debatir temas de gran relevancia que se discuten en el congreso de la república y que impactan directamente a la democracia.  

Seguidamente, el Representante a la Cámara del partido Centró Democrático, Juan Espinal destacó el arduo trabajo del Congreso para intentar frenar una serie de proyectos de ley que, desafortunadamente, afectaron la economía y la propiedad privada de Colombia, resaltando que un ejemplo de ello es lo que está ocurriendo con la reforma pensional. Asimismo, destacó la relevancia del trabajo de los institutos y centros de pensamiento al brindar insumos para sostener un debate más profundo y lograr archivar o corregir, aunque sea un poco, las iniciativas del gobierno nacional para defender las libertades económicas en el país.

Luego, Jorge Botero, abogado y político colombiano, quien analizó el Proyecto de Ley 309, destacó que el debate sobre restricciones a la propiedad privada y la inversión extranjera en Colombia requería una evaluación rigurosa. Aunque reconoció que el Estado debe intervenir en la economía, subrayó que las restricciones propuestas debían justificarse adecuadamente. Señaló que actualmente faltaba evidencia sólida que respaldara la necesidad de tales restricciones, especialmente en lo que respecta a la concentración de tierras por parte de inversores extranjeros. Asimismo, resaltó que las medidas propuestas parecen desproporcionadas y carentes de base sólida.

Posteriormente, el economista Eduardo Lora resaltó que la propuesta de ley debía considerar las motivaciones detrás de la misma, principalmente la seguridad alimentaria y la prevención del acaparamiento de tierras. Subrayó la importancia de cuestionarse si limitar la propiedad extranjera era proporcional a estas motivaciones, especialmente cuando había abundancia de tierras agrícolas en Colombia y la asignación de tierras era subóptima. Asimismo, planteó la necesidad de abordar las prácticas fiscales y legales relacionadas con la ganadería, que podrían influir más en el acaparamiento de tierras que la inversión extranjera.

Daniel Gómez, exsubdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), subrayó que el análisis de la propuesta de ley debía considerar la necesidad de aumentar la inversión y la cooperación en la agricultura colombiana. Destacó que las restricciones propuestas a la propiedad extranjera podrían obstaculizar la eficiencia y escala de los proyectos agrícolas necesarios para competir globalmente. Además, advirtió que las limitaciones en las figuras jurídicas para la titularidad de la tierra podrían dificultar los contratos a largo plazo y generar problemas de arbitrariedad y corrupción debido a la falta de información necesaria para su implementación.

Después, Ligia Helena Borrero, en representación de la Federación Nacional de Cafeteros, señaló la falta de claridad en los objetivos de la propuesta de ley, especialmente en un contexto donde la ausencia de una política pública clara para el desarrollo rural dificultaba la permanencia de la población en el campo. Igualmente, resaltó que la legislación existente parecía desarticulada y no apoyaba eficazmente la diversidad de actividades agrícolas. Por otro lado, subrayó que la entrega de tierras por parte del Estado a comunidades era positiva, pero se necesitaba un seguimiento efectivo para garantizar el éxito de los proyectos productivos asociados.

Seguidamente, Sebastián Sánchez, en representación de la congresista Olga Beatriz González del Partido Liberal, destacó que el análisis del Proyecto de Ley 309 revelaba preocupaciones sobre su viabilidad y coherencia. Señaló que, aunque buscaba abordar el acaparamiento de tierras por extranjeros, enfrentaba desafíos en su implementación debido a la superposición de normativas y posibles conflictos con obligaciones internacionales de Colombia. Por ejemplo, disposiciones como el artículo 12 sobre la enajenación voluntaria de tierras podrían ser problemáticas debido a la falta de conocimiento estatal sobre la titularidad de la tierra. En resumen, el proyecto presentaba dificultades prácticas y legales que podrían obstaculizar su efectividad.

En su intervención, Johan Rodríguez, Consultor de SIGAG, destacó tres puntos principales. Primero, señaló que el proyecto no abordó adecuadamente las motivaciones detrás del acaparamiento de tierras y careció de comprensión sobre la problemática de la tenencia de la tierra, como ejemplificó con el caso del Guaviare y la expansión del Parque Nacional Serranía de Chiribiquete. Segundo, resaltó que el valor de la tierra trascendió la agricultura y abarcó otros usos como la minería, la construcción de infraestructura y la conservación ambiental. Por último, expresó preocupación por el impacto negativo que el proyecto podría tener en la estabilidad jurídica, citando avances recientes de la Corte Constitucional que podrían revertirse. En resumen, Rodríguez sostuvo que el proyecto subestimó la complejidad de la situación de la tierra en la región y podría provocar retrocesos en términos legales y ambientales.

En conclusión, las intervenciones de diversos expertos destacaron varias preocupaciones y deficiencias en el Proyecto de Ley 309. Se señaló la falta de evidencia sólida que respalde la necesidad de restricciones a la propiedad extranjera y la concentración de tierras. También se resaltó la importancia de abordar la seguridad alimentaria y la problemática de la tenencia de la tierra de manera más integral y rigurosa. Además, se expresó preocupación por el impacto negativo que el proyecto podría tener en la estabilidad jurídica y el desarrollo económico del país. En conjunto, estas observaciones subrayan la necesidad de una evaluación más exhaustiva y equilibrada de la propuesta legislativa.