La jornada inició con las palabras de bienvenida de Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP, quien habló sobre los valores que defiende el Instituto en materia de libertad económica e instituciones democráticas. Asimismo, mencionó que el motivo de esta segunda mesa de expertos recae en las preocupaciones que suscitan los debates del Congreso, así como la nueva versión del proyecto.

Luego, Andrea Valdelamar, coordinadora de proyectos de la KAS, hizo alusión a la reciente encuesta de la ANDI e Invamer, en la que se revela que 2 de cada 3 colombianos no están de acuerdo con una reforma radical en el modelo de salud, lo que demuestra que es una temática principal en la agenda. Seguidamente, Christian Krüger, director general de Valure, comentó que la Firma trabaja por la gestión integral de los asuntos públicos de importantes empresas y corporaciones, por lo que la reforma a la salud es un tema de gran interés para las labores de asesoría que desempeñan con sus socios del sector privado.

Tras esta introducción, la Senadora Lorena Ríos, miembro de Colombia Justa Libres, enfatizó en que, como vicepresidenta de la comisión séptima del Senado, ha convocado varias mesas técnicas con distintos actores para debatir la reforma a la salud, con el fin de generar recomendaciones informadas y tomar decisiones basadas en consensos multisectoriales. También, mostró preocupación por la falta de uniformidad en las cifras que emiten las instituciones estatales.

Posteriormente, Ana María Vesga, presidenta de Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), detalló que el discurso del Gobierno Nacional justifica la reforma basándose en tres puntos: la salud como negocio de privilegiados, la reducción de participación privada corrupta (EPS) y la eficacia del modelo preventivo para disminuir costos del sistema. Todo esto con el objetivo de legitimar el control estatal para garantizar este derecho fundamental.  

De igual forma, Vesga manifestó su inconformidad con la tercera versión del proyecto, la cual considera un retroceso porque omite los consensos alcanzados durante los debates de la Cámara. Asimismo, mencionó que perder la continuidad de la atención al usuario, delegar a los CAPS todas las labores operativas del sistema y simplificar a una única entidad (ADRES) el manejo financiero de la salud, son los mayores riesgos que trae consigo la reforma.

Sumado a lo anterior, el Representante Andrés Forero, miembro del Centro Democrático, destacó que, aunque la reforma ya supone un gran riesgo para la salud de los colombianos, el peligro mayor radica en la inacción del Gobierno Nacional. Explicó que, si bien el sistema de salud ya venía en decadencia financiera, el Gobierno agrava la situación al retrasar los pagos a las entidades prestadoras.

Además, Forero afirmó que, de aprobarse la reforma tal cual como está planteada, se generarían las siguientes problemáticas: incertidumbre sobre la operatividad y responsabilidad del sistema, función relegada de auditoria de las EPS sería muy costosa, competencia desleal entre los centros de salud públicos subsidiados y los privados, y a que el mal manejo de recursos desfinancie los procesos de mediana y alta complejidad.

Siguiendo con esta idea, Patricia Guzmán, líder de la Cámara de Salud en Asocajas, aseguró que esta nueva versión de la reforma es completamente regresiva para el 80% de los usuarios, ya que no genera mayores aportes en materia de calidad del servicio, traslapa las funciones de las entidades y no especifica cómo abordará las problemáticas actuales del sistema. Luego, Mario Cruz, vicepresidente de ACEMI, abordó la crisis de desfinanciación que está sufriendo el sistema y explicó que la raíz del problema recae en que no se ha establecido una reserva técnica para la salud.

Augusto Galán, exministro de salud en Colombia, comentó que la reforma parece buscar más un triunfo político del actual Gobierno que una mejora integral a la gobernanza en salud. También, compartió que algunas de las exigencias que componen el derecho de petición del Pacto por la Salud al Ministerio son: un plan de acción claro, evitar la regresión en la progresión del derecho a la salud, garantizar la sostenibilidad del sistema, una transición segura para los usuarios y tomar en cuenta la participación ciudadana. 

Además, Katherine Flórez, coordinadora de investigación del ICP, aseveró que la reforma arremete contra la estabilidad del sistema al sugerir un modelo de subsidio a la oferta y no a la demanda del servicio, así como al no tomar en cuenta las experiencias fallidas de centralización de la salud en el país. Asimismo, Fabiola Rey, docente del CESA, basó su argumento en la falta de información con respecto a los roles que desempeñarán tanto públicos como privados.

Otro punto de vista fue el de María Clara Escobar, presidenta ejecutiva de Afidro, quien llamó la atención sobre las consecuencias que la reforma generaría sobre el abastecimiento e innovación tecnológica de los medicamentos. También, criticó el discurso del Gobierno que condena a la labor de las farmacéuticas.

En resumen, la Mesa concluyó con que, aunque hay aspectos del sistema de salud que necesitan reformas, como la atención en zonas rurales, la propuesta actual plantea más riesgos que beneficios. Es crucial abordar estas deficiencias de manera cautelosa para garantizar un sistema de salud sólido y equitativo para todos los colombianos.