La jornada comenzó con las palabras de bienvenida de Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP, quien habló sobre los valores que defiende el Instituto en materia de libertad económica y la defensa del Estado de derecho, así como de sus instituciones democráticas. Luego, el representante en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), Stefan Reith, señaló la importancia de la mesa de expertos para discutir la reforma pensional, dado que es un diálogo abierto e intersectorial para conectar la política con la academia y el sector privado, con el objetivo de que las decisiones que se tomen en el Congreso de la República cuenten con todos los insumos necesarios.

La mesa inició con la introducción, por parte de Carlos Augusto Chacón, quien destacó que los tres problemas principales identificados por el ICP sobre la propuesta del actual gobierno para reformar el sistema de pensiones son: la sostenibilidad, la cobertura y el acceso. También se hizo hincapié en que el proyecto de ley plantea soluciones a corto plazo, lo que incrementaría las deudas de las futuras generaciones.

Alba Isabel García, coordinadora del observatorio económico del ICP, presentó un resumen de la evaluación de la Reforma a la Pensión utilizando la herramienta IALE, desarrollada por el ICP para informar a la ciudadanía sobre las decisiones del Congreso y su impacto en la libertad económica. Esta herramienta evalúa proyectos de ley identificando sus principales problemáticas. En el caso de la reforma a la pensión, se observó que su afinidad con la libertad económica es solo del 29%, indicando un nivel de afinidad muy bajo. La herramienta IALE también permite identificar cuáles de las seis dimensiones[1] establecidas por el Fraser Institute se vulneran con los proyectos de ley.  

Fabio Arias de la CUT comenzó su intervención criticando la medición de la libertad económica realizada por el ICP, argumentando que este enfoque elogia un modelo económico que ha exacerbado la precariedad social y aumentado la desigualdad. Respecto a la reforma a la pensión, refutó las críticas sobre la falta de concertación del proyecto, afirmando que hubo 12 reuniones de la comisión técnica. Destacó aspectos positivos y progresivos del proyecto, señalando que busca abordar problemas dejados por la ley 100, la cual considera un engaño para privatizar la salud y la pensión, privando a la población de sus derechos fundamentales en estas áreas. Por lo tanto, considera que el proyecto actual aborda aspectos sociales esenciales.

El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, resaltó la situación crítica del país debido a las intervenciones gubernamentales en varias EPS, incluida la EPS Sanitas. Criticó la ideología y autoritarismo de Gustavo Petro, advirtiendo sobre el peligro que representa para Colombia su propuesta de constituyente, comparándola con el régimen venezolano. En cuanto a la reforma, consideró que la propuesta es insostenible.

Por otro lado, el senador de la U, Alfredo Deluque, enfatizó la importancia de realizar una reforma pensional al sistema actual, pero no tal como la está planteando el gobierno actual, debido al peligro que supone sacar el dinero de las pensiones de los fondos privados con el fin de destinarlos al gasto corriente de la nación.

Seguidamente, el profesor Carlos Prieto, subrayó que la debacle del sistema de pensiones actual se debe a que en el país se sigue manejando el marco del sistema bismarckiano implementado en Colombia desde 1967, el cual no ha experimentado mayores cambios acordes con las transformaciones del mundo y los cambios en el modelo de producción. Asimismo, se destacó que la reforma debe estar encaminada hacia la sostenibilidad a largo plazo y considerar que cada vez menos personas acceden a trabajos formales.

Luego, Cristian Stapper de Fenalco, destacó la importancia de la herramienta IALE, ya que permite que los colombianos conozcan cuáles son las intenciones y los resultados económicos tangibles de las decisiones legislativas. Con respecto a la reforma, señaló que ésta no tiene un plan para abordar la informalidad o la salida masiva de colombianos en edad productiva del país, así como el manejo que pretende darle el gobierno al dinero de las pensiones.

José Ignacio López de Anif, señaló que la reforma no es lo suficientemente ambiciosa en el área de regresividad. Es una reforma que mantiene un subsidio un 36% más alto para los trabajadores de mayores ingresos. Esto no concuerda con la equidad, especialmente considerando que el gobierno está enmarcado dentro del progresismo. Por lo tanto, el Congreso debe aprovechar el espacio para mejorar la propuesta del gobierno, sin olvidar el componente de género que plantea la propuesta del ejecutivo en la reforma.

Jorge Llano de Asofondos, destacó que la principal problemática de la reforma es la falta de sostenibilidad, dado que no está pensando en las generaciones que aún no han nacido. Resaltó la relevancia de mantener el ahorro pensional por la sostenibilidad que le da al sistema. En cuanto a la intervención de la representante de la ANDI, se señaló que no hay una evaluación de impacto referente a cómo las reformas afectan la dimensión económica. Por lo tanto, indicó que dichas reformas no solucionan las problemáticas del Estado, sino que las empeoran.

Por último, Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, argumentó que se deben modificar unos parámetros que nadie desea modificar, como la edad de pensión y las semanas cotizadas. Por otro lado, se hizo énfasis en si realmente es posible que un sistema pensional no tenga subsidios, si el 20% más rico de Colombia no gana más de tres salarios mínimos.

En conclusión, Carlos Augusto Chacón cerró la mesa destacando que todas las posiciones presentadas son absolutamente válidas. También hizo hincapié en la relevancia de los datos y la evidencia empírica para respaldar o refutar una reforma. Adicionalmente, señaló la importancia de evaluar estas propuestas gubernamentales con el propósito de garantizar y respaldar los derechos fundamentales, adoptando una postura crítica frente a unas élites privilegiadas tanto en lo público como en lo privado, que se benefician a expensas de miles de colombianos que viven en la informalidad y en la pobreza. Además, subrayó que estos ciudadanos son sometidos a condiciones deplorables en un Estado clientelista y politizado. Sin olvidar, la importancia de la propiedad privada y del sector privado.

[1] a) Tamaño de gobierno y tributación. b) Propiedad privada y Estado de derecho. c) Estabilidad monetaria y del sistema financiero. d) Libertad para comerciar internacionalmente. e) Intervención del Estado en los mercados. f) Empoderamiento de la sociedad civil.