Es un centro de investigación política y de asesoría para el fomento y la consolidación del proceso democrático en Guatemala; proporciona asesoría al Gobierno y al Parlamento, participa con personal y organización en la elaboración de las reformas a la constitución, como también participa en las actividades de la Comisión de Verificación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (MINUGUA); estudios económicos, análisis de la realidad política, economica, social y cultural del país.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es la institución encargada de conocer de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública del Distrito Federal o en los órganos de procuración y de impartición de justicia que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal. El Presidente de la CDHDF —también llamado Defensor del Pueblo— es designado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y su actuación al frente de la Comisión es autónoma, es decir, no está supeditado a autoridad o servidor público alguno. El funcionamiento de la CDHDF está regido por su propia Ley y su Reglamento Interno.El actual presidente es Luis Armando González Placencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. Tiene su sede en Washington, D.C. El otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.

En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado Miembro de la OEA.

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios colombianos con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas en Colombia y América Latina, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.

El Departamento Académico de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) propone contribuir a la formación integral de la persona y al desarrollo de una sociedad más libre, más justa y más próspera. El ITAM tiene como propósito formar hombres y mujeres capaces de actuar de manera informada, racional, responsable, crítica y comprometida con la creación, la dirección y la orientación de la opinión pública, de las instituciones y de las obras; también busca que sean capaces de crear y de difundir conocimientos del más alto nivel ético, científico, tecnológico y profesional, que permitan a la sociedad tomar conciencia de su problemática y que contribuyan a su comprensión y solución.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos ocurridos en el pasado.

Nuestra misión es la de promover y fortalecer el respeto de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y contribuir a la consolidación de la democracia en la región americana mediante la educación, la investigación, la mediación política, los programas de capacitación, la asistencia técnica en materia de derechos humanos y la difusión del conocimiento por medio de publicaciones especializadas. Por ello, nuestra acción se basa en los principios de la democracia representativa, el Estado de Derecho, el pluralismo ideológico y el respeto de los derechos y libertades fundamentales.

La función básica que realiza el Instituto es la investigación jurídica de alto nivel, enfocada principalmente a la solución de los problemas nacionales. Además, el Instituto tiene una amplia actividad de difusión del conocimiento jurídico, por medio de la organización de congresos, seminarios y conferencias, que permiten un importante intercambio académico con juristas extranjeros. A modo de ejemplo, durante 1998 el Instituto organizó veintiún actividades académicas.

El Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), es una institución de enseñanza superior, que forma, actualiza y especializa a Agentes del Ministerio Público, Peritos Profesionales y otros servidores públicos abocados a la procuración de justicia. Imparte estudios de posgrado (a profesionistas) y realiza actividades de extensión académica en el ámbito de las ciencias penales y de la seguridad pública. Asimismo, desarrolla y difunde la investigación científica en estas materias, lo que permite asesorar a instituciones públicas y privadas con el fin de contribuir a mejorar el sistema de justicia penal en beneficio de la sociedad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad. En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones.

La Universidad Iberoamericana asume el proyecto educativo de la Compañía de Jesús, y tiene como misión contribuir en un ambiente de participación responsable, apertura, libertad, respeto y crítica propositiva al desarrollo y la difusión del conocimiento, y a la formación de profesionales e investigadores con calidad humana y académica, que se comprometan en el servicio a los demás para el logro de una sociedad más libre, productiva, justa y solidaria.

Instalada en Montevideo y en varias ciudades del interior, la Universidad Católica del Uruguay es la universidad privada más antigua del país y la más extendida geográficamente.Fundada inicialmente en 1882 por el primer Arzobispo de Montevideo, Mons. Mariano Soler, reabierta y confiada a la Compañía de Jesús en 1985, la Universidad Católica del Uruguay es la principal obra de la Iglesia Católica en el campo de la educación superior uruguaya. Su compromiso con la excelencia académica, con el pluralismo ideológico, con el ecumenismo y el diálogo interreligioso, la han convertido en uno de los actores fundamentales en la vida cultural del país.

Remonta su inicio en el año 1551 dando respuesta a la administración de la Nueva España. En 1868 se funda la Escuela Nacional de Jurisprudencia que para el año de 1949 adquiere la categoría de Facultad de Derecho. A lo largo de su trayectoria se ha caracterizado por formar profesionales, juristas e investigadores con alto nivel científico a nivel nacional e internacional. Actualmente la facultad alberga 10.0000 alumnos y la planta docente está constituida por poco más de 1000 profesores.

Desde 1974, se concibió como un Centro Académico exclusivamente de posgrado. Reconocido a nivel nacional e internacional, el CIDE ha sido una institución pública comprometida a contribuir al desarrollo de México a través de sus programas académicos. El CIDE ha alcanzado un alto enfoque científico encaminado a la investigación con relevancia social.

Administra e imparte justicia en el Distro Federal con base a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los principios que regulan la función judicial, tanto en su aspecto de impartición de justicia, como en su aspecto administrativo son los siguientes: el impulso procesal oficioso, la imparcialidad, la legalidad, la honradez, la independencia, la caducidad, la sanción administrativa, la oralidad, la formalidad, la calidad total en sus procesos operativos, administrativos y contables, la excelencia en recursos humanos, la vanguardia en sistemas tecnológicos, la carrera judicial, la eficiencia y la eficacia.

Cuenta con 11 sedes en el territorio hondureño. Es una institución de educación superior que pertenece a la iglesia católica y se rige tanto por el derecho canónico como por las leyes de Honduras. Forma profesionales para diversos sectores, que contribuyen al desarrollo integral y sostenido del país y la región centroamericana.

Fue instituida en 1993 como parte del Proyecto de Mejoramiento de la Administración de Justicia, auspiciado por la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). Es una unidad académica destinada a prestar servicios de capacitación al Órgano Judicial y Ministerio Público, tiene como finalidad la formación integral de todo el personal de la Administración de Justicia, el personal de servicio en los despachos judiciales y administrativos del Órgano Judicial y del Ministerio Público.

Es una institución cuyo objetivo es la promoción de la educación superior en los países andinos afianzando iniciativas de integración universitaria. Se dedica a la investigación, la enseñanza y la promoción de conocimientos científicos y tecnológicos, además fomenta el espíritu de cooperación y coordinación entre las universidades de la Subregión, y promueve la realización y el fortalecimiento de los principios de la Comunidad Andina.

Fue creada en 1985 por el Parlamento Andino. Forma parte del Sistema Andino de Integración, además de su carácter de institución académica autónoma, la sede central se encuentra en la ciudad de Sucre. Es el organismo académico de posgrado de la Comunidad Andina; que contribuye en la formación de profesionales de alto nivel.

Es el máximo tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado independiente de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le establece la Constitución Política de la República. Interpreta y aplica la normativa que concierne a las garantías constitucionales, protegiendo valores, principios, libertades y derechos.

Tiene como misión proteger la dignidad y los derechos del ser humano en todas sus formas, garantizando la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional y Comunitario de los Derechos Humanos vigentes en la República. Es el Tribunal es el encargado de la defensa los Derechos y Libertades fundamentales consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, usando los procesos de amparo y hábeas corpus y los de control de constitucionalidad, garantizando la supremacía constitucional.

Esta Sala conoce los procesos de amparo, habeas corpus o exhibición personal e inconstitucionalidad de las normas jurídicas y dirime las posibles diferencias entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo. Está conformada por cinco Magistrados y, su Presidente es también el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Órgano Judicial.

Es el máximo tribunal con jerarquía del Poder Judicial, uno de los tres poderes de la república de Honduras. La sala constitucional, es el intérprete último y definitivo de la constitución de la república y como órgano máximo de la Justicia Constitucional, tiene como quehacer esencial la tutela de los derechos fundamentales, así como la protección del orden jurídico constitucional. Está conformada por 15 magistrados que son electos por el Congreso Nacional.

Es uno de los tres poderes del Estado Panameño y se encarga de administrar justicia, la cual es necesaria para establecer la convivencia pacífica entre los ciudadanos, conforme lo establece la Constitución Nacional. Tiene cuatro Salas: la Primera, de lo Civil; la Segunda, de lo Penal; la Tercera, de lo Contencioso-Administrativo; y la Cuarta, de Negocios Generales.

Es la entidad judicial encargada de velar por la integridad y la supremacía de la Constitución. Fue creada en la actual Constitución Política de Colombiana en 1991. La Corte es un organismo perteneciente a la rama judicial del Poder Público y se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política.

Es un órgano del Estado chileno, autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder, con naturaleza jurídica de tribunal colegiado. Realiza control preventivo y posterior de preceptos; controla, en forma preventiva y facultativa, los proyectos de reforma constitucional y los tratados internacionales sometidos a la aprobación del Congreso; ejerce control preventivo y posterior de normas propias de la potestad reglamentaria; entre otras funciones.

Es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Autónomo e independiente, porque en el ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún órgano constitucional; se encuentra sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica. Al Tribunal Constitucional se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional, es decir, que como supremo intérprete de la Constitución, cuida que las leyes o actos de los órganos del Estado no socaven lo dispuesto por ella.

Creada en 1863, es el máximo tribunal de justicia de la República Argentina. Decide en casos en los que se ponga en duda la constitucionalidad de alguna ley, norma administrativa o algún fallo de tribunales inferiores. Declara inconstitucional una ley aprobada por el Congreso Nacional si juzga que es incompatible con la Constitución. Este control, en realidad, es una atribución de todos los jueces argentinos según la Constitución Nacional, pero la Corte Suprema es quien lo ejerce en la última instancia.

Es el órgano judicial máximo del Uruguay que protege y hace cumplir la Constitución, juzgando sus infractores, y promoviendo su aplicación en las cuestiones relativas a tratados, pactos y convenciones con otros Estados; también ejerce la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre las dependencias del Poder Judicial.

El Centro de Derechos Humanos (CDH) es una institución académica que inicio su trabajo en 2001, cuya misión ha sido la promoción los derechos humanos y el fortalecimiento de las democracias en América Latina. Tiene como eje la capacitación de profesionales sobre Derechos Humanos, formación que aborda un área temática específica que imparte las herramientas necesarias para avanzar en la agenda de derechos humanos de los países de la región.

Fue creado en 2008 y constituido legalmente en 2009, como una asociación de carácter civil, sin ánimo de lucro, conformada por profesionales de las ciencias jurídicas dedicados al estudio del Derecho Procesal Consitucional. Es una institución de carácter académico y científico y sus esfuerzos se encaminan a fomentar la investigación de los principios e instituciones que informan en esta materia.

Vela por la supremacía de la constitución Política del Estado, ejerce el control de constitucionalidad, y promueve el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, en el marco de los principios del Estado Plurinacional de Bolivia.

Tiene como fin la promoción y defensa del Estado Constitucional; la Constitución Política del Estado y los derechos humanos en Bolivia; a partir de actividades institucionales de investigación, difusión de pensamiento crítico, presentación de iniciativas legislativas, organización de eventos, adopción de acciones positivas y capacitación de la ciudadanía en general y de los sectores sociales en particular.