Veranstaltungsberichte
En los salones del Hotel LP Columbus en la ciudad de La Paz el martes 4 de Mayo la Fundación Konrad Adenauer y su contraparte ejecutora la Asociación Boliviana de Ciencia Política (ABCP) realizaron el ciclo de trabajo y debate del mes de mayo en el marco del “Grupo de Análisis y Reflexión Democrática”. El tema de discusión fue titulado “¿Judicialización de la Política o Politización de la Justicia?”.
En este sentido, se invitó a distinguidas personalidades del ámbito político, reconocidos analistas e investigadores para que comenten sus impresiones sobre la temática y expresen sus puntos de vista al respecto. Entre los asistentes estuvieron el Erick Fajardo, Jimena Costa, Yercko Illic, Diego Murillo, Julio Figueroa, Marcelo Silva, Walter Reyes Villa, Ericka Brockmann y Marcelo Peralta entre otros.
La apertura del evento estuvo a cargo de la Sra. Susanne Käss Representante en Bolivia de la Fundación Konrad Adenauer quién en principio agradeció la asistencia al evento de los participantes y resaltó que el tema de discusión es sumamente importante para un estado en formación y consolidación como es el boliviano.
Posteriormente, Marcelo Varnoux Presidente de ABCP explicó la metodología de la discusión y los aspectos técnicos del debate. Expresó que se ha extendido, entre la opinión pública boliviana, el término “judicialización de la política” para referirse al uso que realiza el gobierno de varios mecanismos de la justicia, para acosar y perseguir a los opositores políticos y regionales.
Asimismo, indicó que esto tiene consecuencias no solo sobre los derechos y garantías políticas de las personas, sino también sobre la democracia. Lamentablemente, en el país existe una larga tradición de supeditar la justicia, las normas y los procesos legales a las exigencias e intereses de los que, eventualmente, detentan el poder.
A continuación se dio paso a la participación de los analistas los cuales coincidieron en que el fenómeno de la judicialización de la política se inscribe en un defecto institucional que caracteriza a casi toda la región desde la restauración de la democracia en los años ochenta del siglo pasado. Los gobiernos militares, al concentrar todo el poder del Estado en el nivel ejecutivo, propiciaron un debilitamiento general de las instituciones. Pocos países lograron superar esta situación en democracia y la mayoría todavía intentan crear condiciones objetivas para el desarrollo de una institucionalidad razonablemente sólida en la que sea visible la independencia de poderes.
Asimismo, se comentó que en algunos casos, los gobiernos y sus caudillos de turno, elegidos democráticamente, han utilizado – o lo están haciendo – los mecanismos judiciales para neutralizar la oposición política o perseguir a sus críticos, método que en su naturaleza no se diferencia del que usaron los militares antes del retorno de la democracia. La pregunta es, por supuesto, ¿cuánto daño hace esta práctica al proceso democrático?
En el caso de la judicialización de la política, las personalidades que asistieron al evento, expresaron que las democracias poco consolidadas no cuentan con los elementos estructurales y de cultura legal necesarios para iniciar un proceso de consolidación institucional del Poder Judicial. La experiencia histórica indica que en países con una débil tradición de respeto al Estado de derecho como Bolivia, la judicialización de la política suele acabar con la independencia de la judicatura, puesto que los gobernantes – al advertir el potencial de poder político de los estrados judiciales – sucumben a la tentación de influir en las decisiones jurídicas para su propio beneficio en una amplia gama de temas.
Posiblemente, indicaron los asistentes que el más pernicioso a los fines de la convivencia democrática sea el que involucra las disputas políticas ya que restablece la lógica amigo/enemigo. En la historia del país han existido diversos momentos en los que se ha procedido de esta manera con resultados contraproducentes, no solo para los afectados, sino para los impulsores de las persecuciones.
La “judicialización” de la política no permite el esclarecimiento de la verdad histórica en casos muy sensibles que son de conocimiento público. Solo constituye un instrumento de amedrentamiento político.
La judicialización de la política no podría ser efectiva sin una politización de los órganos que tienen la función de administrar e impartir justicia. Es evidente que en el pasado se verificaba una especie de “cuoteo” de los cargos más importantes del Poder Judicial, manteniendo las formas institucionales de designación. Hoy, en cambio, la designación no guarda ni respeta la institucionalidad.
Por otro lado, al no existir jueces imparciales ni una justicia independiente de las decisiones políticas que se adoptan en el Ejecutivo, la posibilidad de procesos justos – especialmente contra opositores al régimen – es prácticamente inexistente. Incluso, esta dependencia del órgano judicial puede propiciar situaciones muy graves de confrontación social.
Los asistentes coincidieron en que es preciso llamar a la reflexión a los operadores políticos del oficialismo y los responsables del Órgano Judicial, para que detengan esta espiral de persecuciones, acusaciones y utilización de la justicia con fines extrajudiciales, pues tiene el potencial de hacer estallar el Estado de Derecho.
Finalmente, como aporte a la discusión sana de ideas se recomendó difundir los criterios y puntos de vista de los participantes para enriquecer el debate sobre los temas planteados. La misma temática fue tratada en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz.