Entre las propuestas más relevantes surgidas del foro se incluyó la necesidad de aplicar la declaratoria 3 de 3 para evaluar la integridad de los aspirantes, evitar la participación de deudores alimentarios y garantizar que los candidatos no tengan vínculos partidistas ni antecedentes que comprometan su independencia judicial. Se subrayó también la importancia de una evaluación rigurosa de los comités encargados de seleccionar a las personas candidatas a cargos de elección popular en el poder judicial de Jalisco, quienes deben estar alejados de poderes fácticos y contar con prestigio y credibilidad.
Durante las mesas de trabajo, Arturo Zamora, coordinador del Gobierno del Estado del proceso de armonización de la Reforma Judicial, y especialistas como Jesús Ibarra Cárdenas, académico del ITESO, y Patricio Varela, Coordinador de la Comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Jalisco, coincidieron en la necesidad de establecer una metodología uniforme para evaluar los perfiles judiciales. Además, se destacó la urgencia de implementar mecanismos de justicia más expeditos y accesibles para la ciudadanía.
En el evento también se discutieron criterios adicionales, como el fortalecimiento del principio de equidad de género y la incorporación de perfiles judiciales que comprendan las particularidades culturales de comunidades indígenas, así como las oportunidades que ofrece el proceso de armonización para diseñar y fortalecer mecanismos de control de constitucionalidad locales. La participación de la ciudadanía y la sociedad civil fue resaltada como fundamental para asegurar una reforma judicial que responda a las necesidades del estado.
Con su participación en el evento y en el proceso de reforma judicial en el Estado de Jalisco, la Fundación Konrad Adenauer México reafirma su compromiso con la democracia y la independencia judicial. La implementación de las propuestas discutidas durante el foro será un paso significativo hacia un sistema judicial más robusto y justo que responda a las necesidades y expectativas de la sociedad en Jalisco y en todo México, así como en la salvaguarda de la independencia judicial como elemento esencial del Estado constitucional.
