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En diversos países de Latinoamérica y Europa del Este, los mecanismos informales, tales como la corrupción, la criminalidad y el crimen organizado son un cáncer que afecta la democracia y el estado de derecho. Sin embargo, estos fenómenos no pueden ser entendidos, como muchas veces pasa en el debate científico y político, como si fueran comportamientos anormales de los actores individuales. Estos fenómenos están tan profundamente difundidos, practicados y frecuentemente aceptados como un comportamiento social “normal”, que se han tenido que entender éstas como instituciones sociales, es decir, como normas y reglas válidas. Esto tiene implicaciones para aquellas reformas que busquen mejorar el estado de derecho. Las fórmulas tradicionales, como por ejemplo, una mejor infraestructura de juzgados, una mejor educación y una mejor remuneración de los jueces o de los policías, no resuelven el problema. Modificaciones socioculturales, o bien, político-culturales, a la estructura social, valores y normas son indispensables, pero esto depende nuevamente de cada generación.
