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Pacto Fiscal
Coloquio Económico No 27
El pasado miercoles 5 de febrero en el Restaurant Vienna la Fundación Milenio con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) presentó el Coloquio Económico No 27 que trata de la temática sobre Pacto Fiscal, sus lineamientos, un analisis sobre rentismo y una visión sobre Santa Cruz, de los autores: José Espinoza, Roberto Laserna, Germán Molina, Mauricio Ríos y Carlos Shlinck.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Iván Velasquez quien explicó a la audiencia sobre los alcances del Pacto Fiscal mencionó que Bolivia debe consensuar un pacto fiscal y social pero además orientar sus políticas públicas para lograr una mayor igualdad de oportunidades y derechos. Lo que implica ampliar la participación y la deliberación pública a amplios sectores que se han visto marginados de la sociedad, pero también avanzar en la efectiva titularidad de derechos económicos, sociales y culturales establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) del 2009.
Asimismo, el Dr. Velasquez explicó que resolver inequidades vía pacto fiscal implica además buscar una igualdad de derechos a todo nivel, los bolivianos necesitan acceder a escenarios de bienestar social y reconocimiento. Pero también implica avanzar hacia una mayor igualdad en materia de acceso, sobre todo en campos como la educación, la salud, el empleo, la vivienda, los servicios básicos, la calidad ambiental y la seguridad social a nivel central y sub nacional.
La evidencia empírica ha demostrado que los consensos requeridos para un pacto que promueva igualdad son difíciles de alcanzar. Numerosos estudios han señalado las deficiencias políticas e institucionales de las democracias latinoamericanas para lograr que los mandatos electorales se traduzcan en políticas públicas representativas, estables y coherentes. Diferentes autores han mostrado que los determinantes institucionales (institucionalidad) y los incentivos relacionados con la emergencia de políticas públicas asociadas a un mejor desempeño económico y social generarían un escenario propicio para establecer consensos (acuerdos - pactos).
Finalmente mencionó que el pacto fiscal, debe entenderse como el acuerdo sociopolítico básico que legitima el papel del Estado y el ámbito y el alcance de las responsabilidades gubernamentales en la esfera económica y social.Un aspecto central de esta definición es que el “Pacto Fiscal” es resultado del consenso de los actores y agentes políticos y económicos, otorga al Estado legitimidad para que amplíe sus responsabilidades por el bien común en los ámbitos económicos pero además sociales.
A continuación los autores elaboraron una exposición sobre los alcances de la publicación, mencionaron que la complejidad de la arquitectura del régimen autonómico boliviano –con una estructura territorial novedosa y extensas pretensiones competenciales– invitan a pensar que la configuración institucional del pacto fiscal pretendido en la LMAD será uno de los desafíos más importantes en torno a la implementación de este profundo proceso de descentralización. Todo ello parece implicar la necesidad de reconstruir la forma de gobernar lo fiscal, con nuevas herramientas e instrumentos aptos para una gestión pública descentralizada que, ante la carencia de referencias teóricas y experiencias comparables exactas desde una perspectiva de modelo territorial, requiere de una precisión del concepto e idea respecto a lo que se espera de este proceso de reforma del sistema fiscal.
Mencionaron que en el plano político, existe un actor político con un poder y capacidad determinante para el tratamiento de cualquier decisión pública, con una notable presencia política en la mayor parte del territorio nacional, un liderazgo consolidado, que cuenta con significativos recursos políticos y que ejerce gran parte del poder gubernamental. En la oposición, existen fuerzas políticas en fase de recomposición, con presencia heterogénea en el territorio y con espacios de poder institucional, pero con una significativa presencia en algunas regiones clave donde se ubican las explotaciones de recursos naturales que aportan más ingresos al estado.
Los actores políticos estarán inmersos en dos complejos y determinantes procesos electorales: las elecciones generales de fines del 2014 y las elecciones autonómicas de inicios del 2015. Sus esfuerzos estarán orientados a mantener o recomponer los equilibrios políticos nacionales y territoriales. Muchos de estos actores políticos relevantes para el pacto fiscal cambiaran en su capacidad de influencia al ritmo del calendario electoral.
Se mencionó que persisten rasgos de polarización en las opiniones políticas. Aunque esta característica se ha ido matizando en los últimos tiempos, hay desconfianza entre los actores. La cuestión autonómica ha sido asimilado como principio por la mayoría de los actores políticos, pero las interpretaciones sobre su alcance y sus implicaciones son muy variadas. Y hay una intensa participación de las organizaciones sociales corporativas en varios espacios de la decisión política gubernamental, esto plantea desafíos novedosos para el diseño de procesos de participación y concertación social.
La nueva CPE y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) establecen contenidos generales y plazos para la realización del “pacto fiscal”. Estás igualmente definidos esquemas de coordinación intergubernamental que habría que tomar en cuenta, y en los últimos años se ha desarrollado una amplia legislación sobre la implementación de políticas públicas, no solo fiscales, en el ámbito sub-nacional y nacional.
Finalmente, se dio paso a preguntas por parte de la audiencia y el evento cerró con un vino de honor.
