Eduardo Engel, Presidente de Espacio Público, dio la bienvenida al público y agradeció el fomento de la Fundación Konrad Adenauer y de la Embajada de Suiza. Además, destacó la importancia de la participación ciudadana en los procesos de decisión referente al tema del medioambiente.
A continuación, el Embajador de Suiza en Chile, Edgar Dörig, habló sobre las experiencias suizas en este ámbito, ya que en Suiza la participación ciudadana y democracia directa tienen una larga tradición. Así, muchas decisiones se toman a través de un referéndum, conocimientos que quisieran contribuir en este área.
Claudia Sepúlveda, una de los seis autores del estudio, expuso las principales problemáticas existentes en los procesos de toma de decisiones ambientales: un creciente cuestionamiento y desconfianza del instrumento estatal del SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) por el sector empresarial, aumento de la conflictividad socio-ambiental, así como un aumento de la probabilidad de fracasos de proyectos durante la tramitación ambiental.
Como resultados del estudio, se formularon propuestas concretas para mitigar o reducir los problemas existentes. Éstas consisten en un sistema integrado de decisiones participativas en Chileque permita una participación incidente, inclusiva y equitativa de los actores involucrados, con estándares garantizados y la igualdad de oportunidades para participar, es decir: entregando a los participantes las capacidades, recursos y garantías necesarias para ésto.
En términos precisos, el estudio demanda un sistema de decisiones ambientales que articula tres niveles territoriales de decisión, los niveles nacional, regional y local, con énfasis en la participación directa para poder tomar decisiones legítimas (“justas”). Para poder realizar esto, según indica el informe, se requiere de nuevas capacidades institucionales para el Estado. La propuesta concreta en este contexto es la creación de una Oficina Nacional de Diálogo y Participación especializada en prevenir y gestionar conflictos, así como una Defensoría Nacional Ciudadana responsable de actuar en apoyo de comunidades y otros actores cuando sus derechos de acceso a la información y participación ambiental se vean vulnerados.
El siguiente panel de expertos, compuesto por Francisco Veloso, abogado y Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Antofagasta Minerals; Elizabeth Fierman, experta en mediación del Consensus Building Institute; y Juan Ladrón de Guevara, Director del Consejo Nacional de Producción Limpia, y moderado por Valentina Durán, abogada y profesora de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Directora de Espacio Público, discutió las principalesfortalezas y debilidades de la propuesta del informe.
Elizabeth Fierman destacó que el mayor riesgo podría consistir en una mala implementación de los cambios propuestos, lo que aumentaría la desconfianza en el sistema. Según ella, las propuestas formuladas requieren un cambio cultural grande, que probablemente será paulatino. Además, tematizó la pregunta esencial acerca del origen de financiamiento de las modificaciones estructurales propuestas.
Francisco Veloso destacó la necesidad de contar con una institución mediadora, pero recomendó cuestionarse si el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), según se propone en el estudio, sea apto para esto. Afirmó la necesidad de mantener diálogos entre empresas y comunidades a tiempo y con tiempo, y la necesidad de contar con procesos de información ciudadana más profundos. Destacó la importancia de invitar a todos los actores involucrados a participar en el proceso de decisiones – tanto a favor como en contra de un proyecto - para generar una visión pluralista e intercambiar conocimientos, así como hacerse cargo de percepciones y temores existentes y contar con la participación del Estado en instancias de diálogo.
Juan Ladrón valoró el enfrentamiento temprano entre la comunidad y el gobierno, pero criticó como debilidad de la propuesta el poco involucramiento del nivel comunal en los procesos, ítem que frenara procesos de decisiones. Compartió la visión de Fierman que el proceso de implementación de los cambios propuestos será muy paulatino, y que el ordenamiento territorial sea un espacio rígido en decisiones y complejo.
Los panelistas destacaron la necesidad que una nueva oficina de coordinación debiese ser autónoma e independiente para ser aceptada por todos los actores. Debiese tener la capacidad de coordinar discusiones entre diferentes sectores.
Más información se encuentra en el Informe de Políticas Públicas 08 de Espacio Público.
