Introducción
Costa Rica, históricamente, se ha presentado como un país receptor de migrantes. Sin embargo, uno de los retos frente a esto es asegurar que quienes llegan a su territorio reciban beneficios de los logros sociales que la nación ha alcanzado, sobre todo respecto a la vulnerabilidad que enfrentan las poblaciones que han migrado de manera forzada (Gatica, G., 2013, pp 166 - 167). Por lo que, es apropiado estudiar los flujos migratorios mixtos desde la perspectiva de la inclusión social, tal como fue en el proceso de formulación de Ley General de Migración del 2009, y que también constituye la base normativa que dio origen a la Política Migratoria Integral (2013-2023) (León, 2014). Este enfoque permite tomar en cuenta ejes transversales a la hora de ejecutar acciones gubernamentales.
Sin embargo, el Estado costarricense ha tenido dificultades para proteger los Derechos Humanos (DDHH) de las personas migrantes y también, para garantizar la integración social de estas personas al resto de la sociedad. El propósito de esta investigación es visibilizar las problemáticas migratorias en el país de la población indígena migrante, específicamente ngäbes y miskitos, en cuanto al acceso a sus derechos y garantías, aspectos plasmados en el Plan Nacional de Integración 2018 – 2022 y los retos que ha enfrentado y se debe plantear el Estado en pro de los DDHH.
Asimismo, servirá de base para la toma de decisiones sobre iniciativas y programas ya existentes en el seno de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), como parte del apoyo solicitado al Observatorio del Desarrollo y con el financiamiento de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
