A pesar de los profundos cambios sociológicos y estructurales verificados en la sociedad y la economía cubanas, la manifestación de los efectos contraproducentes de la propaganda política oficial, la despolitización socialista de amplios sectores sociales, la manifiesta incapacidad de auto renovación del Régimen por la falta de liderazgo transicional para encauzar las necesidades de cambios que demanda el ciudadano de a pie; a pesar de todo ello, la alta dirigencia cubana sigue imponiendo su gatopardista proyecto estatal de País.Esta vez correspondió a la Asamblea Nacional promulgar uno de los más importantes instrumentos jurídicos complementarios de la Constitución de 2019: la Ley Electoral.
En los 290 artículos de la norma hay muy poca novedad realmente importante para un instrumento que pretende regular lo que constituye un aspecto clave de entre las reglas del juego democrático: los procesos electorales.Más allá de los tecnicismos jurídicos, la nueva Ley Electoral no es funcional, siquiera, para la construcción del etéreo “estado socialista de derecho” del cual hablan con entusiasmo los políticos, ideólogos y personeros del Régimen. Es más de lo mismo.
En Cuba no hay ni habrá elecciones libres y democráticas con autoridades y funcionarios electorales con militancia comunista y agrupados en una flamante estructura permanente que ni por asomo los convierte en una autoridad real o un poder independiente en el sistema político cubano.Y es así porque la Ley Electoral recién aprobada no fue concebida para facilitar la construcción y posterior estabilidad democráticas de la Nación sino, por el contrario, para prolongar la existencia de la decrépita dictadura partidista sumida en una profunda crisis de representatividad y legitimidad que la discapacita para representar los variados intereses, reclamos y necesidades de una ciudadanía que tiene poco que ver con la ‘cultura política revolucionaria’ o las demandas políticas y sociales de sus padres o abuelos. Pura dialéctica.
Ni el contenido de la Ley Electoral democratiza el voto en ninguno de los sentidos más importantes, ni nace de la deliberación ciudadana en las comunidades. Los ciudadanos no decidieron cómo elegir, pero, en cambio, si saben que es para votar por que lo viejo perdure en lo actual bajo la reaccionaria consigna de continuidad. Por tanto, la nueva ley es la Ley Electoral del PCC, no la de la ciudadanía que continúa siendo vejada.
En virtud de la Ley Electoral del PCC, de ‘la democracia socialista cubana’ seguirán ausentes los procesos electorales plurales, el voto electrónico, las auditorías internacionales, la observación independiente o acompañada, el periodismo crítico y objetivo y la participación de las diásporas, diversas, pero siempre cubanas. De tal modo, se pretende impedir un cambio político democrático en Cuba desde la institucionalidad.
En Cuba no hay ni habrá elecciones libres y democráticas con la existencia de las comisiones de candidaturas en todos los niveles electorales y cuya función es oficializar, investida de sociedad civil ‘socialista’, la discriminación política de aquellos ciudadanos que, en tal condición, disienten o adversan los designios de la fuerza política “superior” de la sociedad cubana. Así, el poder en Cuba sigue siendo la negación de la gobernanza y la gobernabilidad institucionales. Un serio problema de legitimidad de cara a los retos del país.
El Régimen cubano persiste en aislarse de la ciudadanía, pero la sociedad cubana ha cambiado y nuevos actores han emergido en el escenario social y económico. Ahí radica su perdición, porque la crisis cubana es multidimensional y relaciona con la crisis ideológica del Socialismo y el modelo civilizatorio que lo sustenta. De tal manera, la existencia de contradicciones antagónicas en la sociedad cubana se constituye en el escenario donde seguirán fortaleciéndose las demandas y exigencias de los sectores sociales cubanos, reflejo del complejo fenómeno sociológico presente en todas las sociedades occidentales.
La presencia hegemónica del Estado cubano en los espacios públicos deja poco espacio para la iniciativa y la creatividad. Sin embargo, la emergencia de una frondosa red de actores prodemocráticos orientados por temas e intereses muy variados, da cuenta de una reestructuración profunda que impone desafíos al Régimen cubano, habida cuenta que, en un contexto en el que el poder real ha cambiado por el impacto de la internet y otras tecnologías de la informática y las comunicaciones; las organizaciones sociales independientes se convierten en espacios de construcción política.
Aún resta por elaborarse varias normas jurídicas que resultan claves para el blindaje normativo del Régimen cubano. Sin dudas, una de ellas será la Ley de Asociaciones, la cual guarda una estrecha interrelación con la Ley Electoral. Si se impone el actual talante antidemocrático del Estado cubano, como es de esperarse, seguirán los intentos por frenar la real democratización de Cuba.
Empero, el futuro no existe, listo y mejor, esperando por nadie en una esquina del tiempo. El futuro se construye diariamente. Y son esos mismos cubanos y cubanas, despojados hoy de su posibilidad de ejercer su condición de soberano, los protagonistas de los cambios por venir.
En correspondencia con sus valores y principios institucionales, la Mesa de Unidad de Acción Democrática repudia la Ley Electoral recién impuesta por el Estado cubano. De igual manera, la Muad considera cada vez más urgente y necesaria la gestación de un movimiento nacional ciudadano pro reforma constitucional que desemboque en un verdadero Estado de derecho en Cuba. En consecuencia, la Concertación de organizaciones políticas y de la Sociedad civil valida y apoya aquellos proyectos e iniciativas que trabajan con la ciudadanía para que este movimiento se convierta en una sólida plataforma para el cambio democrático.
Enix Berrio Sardá.Vocero. Secretaria Ejecutiva de la Muad. La Habana, 15 de julio de 2019