La conversación sobre la política pública de seguridad y defensa en Colombia está inevitablemente relacionada con una discusión sobre la planeación estratégica de las capacidades del sector. Del mismo modo en el que otros sectores deben posicionar sus asuntos de mayor relevancia en la agenda pública nacional, los actores encargados de proveer seguridad al Estado colombiano han tenido que ajustar paulatinamente sus esfuerzos en pro de consolidar herramientas que les permitan traducir sus necesidades ante las distintas administraciones presidenciales, las cuales hacen las veces de líderes políticos del sector, pero también, están encargadas de la asignación del presupuesto nacional.
En el marco de dicho contexto, la Fundación Konrad Adenauer y el Instituto de Ciencia Política llevaron a cabo una discusión indispensable sobre las capacidades del sector de seguridad y defensa en el país. Esta conversación entre expertos se realizó el día 26 de mayo, como resultado del trabajo realizado por el Grupo de Interés para la Defensa y la Seguridad (GIDESE).
Para dar inicio a la jornada, Stefan Reith, representante de KAS Colombia realizó unos saludos iniciales a los participantes de la mesa y resaltó la importancia de los avances alcanzados con el proyecto. De acuerdo con el representante, las discusiones previas en las cuales se habían tratado temas como las redes criminales, la defensa y la seguridad nacional respondieron parcialmente al análisis respecto de las capacidades tácticas y estratégicas del sector, pero aun así era necesario también discutir el tema de las capacidades financieras, las cuales son indispensables para la toma de decisiones de política pública.
Continuando con los saludos iniciales, Carlos Augusto Chacón, Director Académico del Instituto de Ciencia Política, agradeció la participación de los asistentes y presentó brevemente a la experta que abriría el debate. En esta oportunidad, Lina María González Torres, Directora de Justicia, Seguridad y Defensa, de la Subdirección General de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación, fue la encargada de realizar la primera aproximación a la conversación sobre capacidades. Dentro de su intervención, la experta introdujo a grandes rasgos el Modelo de Planeación y Desarrollo Capacidades de la Fuerza Pública (CAPÂCITAS), dio a conocer sus características generales y resaltó los beneficios que ha traído dicha herramienta a la formulación de la política pública de seguridad y defensa.
En un primer momento, Lina M. G., presentó el contexto en el cual se inició el diseño del modelo y los antecedentes del mismo. De acuerdo con la experta, previo al Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades, el proceso de planeación estratégica en el sector no se realizaba de manera conjunta, ni coordinada y tampoco, estaba articulada con la planeación presupuestal del Ministerio de Defensa. Por lo cual era necesario el desarrollo de una herramienta robusta que permitiése medir el impacto presupuestal de las decisiones en el futuro y con ello generar un uso efectivo y óptimo de los recursos.
Según Lina M. G., luego de un arduo proceso de diseño y planeación, CAPÂCITAS es institucionalizado como modelo de planeación del sector en el año 2018, como el conjunto de procesos, instancias responsables y productos, que, de manera articulada y continua, traducen los lineamientos políticos y las prioridades estratégicas de defensa y seguridad, en las capacidades requeridas para la proyección y desarrollo en el mediano y largo plazo de una Estructura de Fuerza flexible, adaptable y sostenible. Con lo cual se consiguieron dos logros: (a) una transmisión efectiva de las necesidades del Ministerio de Defensa ante la Presidencia y el Ministerio de Hacienda; (b) la consolidación de esfuerzos presupuestales de largo aliento en favor del fortalecimiento y desarrollo de capacidades.
No obstante, la experta señaló que aún quedan varios asuntos pendientes. Según se indicó, en el sector defensa gran parte de los gastos existentes son gastos inflexibles y el presupuesto que se destina a inversión es sólo del 4,8%. Es decir, sólo un pequeño porcentaje del presupuesto se enfoca en el fortalecimiento de las capacidades. Así mismo resaltó que es importante seguir trabajando en la articulación de las fuentes y recursos con el objetivo de atender las prioridades del sector.
Una vez concluida la presentación general del tema, los demás asistentes tuvieron la oportunidad de participar en la conversación y dar a conocer sus opiniones y perspectivas sobre el tema. Como parte de dicho ejercicio deliberativo fue posible establecer algunos consensos: (a) Colombia necesita fortalecer las capacidades estratégicas para optimizar las capacidades financieras del sector, es decir, es importante definir los intereses y objetivos nacionales de seguridad para planear, focalizar y ordenar los presupuestos de gasto e inversión dentro del Ministerio de Seguridad y Defensa; (b) es menester seguir mejorando el diseño del Modelo CAPÂCITAS, para que éste sea cada vez más flexible y adaptable a las diferentes necesidades del sector en cada coyuntura; y (c) el concepto de capacidades debe ampliarse, considerando tanto las financieras y táctico-operacionales como aquellas del nivel de capital humano, diplomáticas u otras no materiales.
Así mismo, algunos asistentes advirtieron que en el contexto preelectoral muchos de los planes de gobierno presentados para la contienda a la presidencia 2022-2026, proponían cambios que podrían ser tan ineficientes como peligrosos. Para ejemplificar se señaló la propuesta de trasladar la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, lo cual se consideró inoportuno si se evalúan las limitaciones presupuestales de ambos Ministerios y los retrocesos que ello implicaría en los esfuerzos ya adelantados por el Ministerio de Defensa, en función de coordinar la acción estatal y la de la ciudadanía para conseguir mayor control territorial.
Para dar cierre al evento, Carlos Chacón agradeció a los participantes del evento por sus aportes e indicó que es importante seguir trabajando en la articulación de la sociedad civil y la institucionalidad con el fin de atender a los principales problemas de seguridad y defensa en el país. Lo anterior, mediante un esfuerzo conjunto en el que se entienda el tipo de amenazas que se enfrentan actualmente y también las responsabilidades de cada uno de los grupos y actores involucrados, entre los que se incluyen Fuerza Pública, los políticos, la sociedad civil e incluso el empresariado colombiano.
