La discusión estuvo enmarcada por la definición estándar de la seguridad energética, la cual se entiende como el suministro estable y continuo de energía, de calidad y con un precio razonable. Por consiguiente, resultaba conveniente dirigir la conversación hacia el rol de Estado en la prestación de este servicio, haciendo uso del artículo 334 de la Constitución política, los actores llegaron a la conclusión de que, si bien era responsabilidad del Estado colombiano garantizar el servicio de energía, no era obligación de este producirla nacionalmente.
Antes de hacer la evaluación de los riesgos y amenazas, resultaba conveniente entender las implicaciones de garantizar un suministro de energía estable y continuo, con precios razonables y de calidad, siendo enfáticos en la diferencia entre la seguridad energética y la autosuficiencia. En el contexto colombiano, la importación de gas resultaba necesaria para el respaldo energético a largo plazo, precisando que esta medida raramente afectaba al consumidor final, es decir, si bien el Estado colombiano debe garantizar el servicio, tiene la libertad para hacerlo como mejor considere conveniente.
Ahora bien, distintos sectores mostraron su preocupación ante el contexto en el que se pretende construir una seguridad energética. Por un lado, la política energética del gobierno actual pretende realizar una transición acelerada a fuentes de energía no convencionales, la decisión de frenar procesos de explotación resulta no solo perjudicial para garantizar a mediano plazo el suministro de energía sino también reduce significativamente los incentivos para la inversión extranjera en el país.
Si bien los actores resaltaban el diseño institucional de órganos de administración de la función pública como el Ministerio de Minas y Energía y de veeduría autónoma como la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), expusieron que lentamente la tecnocracia ha sido dejada de lado, sacrificando la efectividad, experticia y rigurosidad por ideologías políticas. Desde la academia y los distintos sectores energéticos se señalaba con preocupación que los límites del libre mercado que rigen un Estado de derecho están siendo dejados de lado, subrayando que la intervención del Estado ni es ilimitada ni es vista con buenos ojos por parte de inversionistas extranjeros.
En el contexto político del momento la identificación de riesgos resulta compleja, pues todo factor que ponga en peligro la disponibilidad y el acceso al servicio de energía podría ser catalogado como tal. No obstante, los expertos expresaron que los más preocupantes son la inestabilidad jurídica, el constante cambio en el ordenamiento jurídico no solamente resulta inconveniente para los prestadores de servicio sino para las mismas entidades gubernamentales, resaltando la necesidad de consolidar una política de estado en función de la seguridad energética.
Bajo el mismo marco, la inestabilidad política e institucional ponen en riesgo cualquier promesa hecha en el plan nacional de desarrollo, los últimos intentos del gobierno nacional en la intervención de CREG subrayan la importancia de la tecnocracia para la armonización de las políticas públicas de la manera más organizada posible. Además, como una amenaza inminente al sector energético nacional son las pocas garantías para la seguridad jurídica y física para un posible inversor o participe del mercado, la falta de coherencia y coordinación en la función pública resulta tremendamente dañina para la garantía de la seguridad energética.