El evento inició con la intervención de Laura Vargas, Coordinadora de Proyectos y Comunicaciones de la KAS, quien dio la bienvenida y agradeció a todos los participantes por su interés en asistir a estos eventos. Asimismo, expuso el trabajo que la fundación desempeña para el fortalecimiento de la democracia a través de cinco ejes temáticos: el desarrollo sostenible, la construcción de paz, la seguridad y la defensa, la descentralización y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, lo anterior pasa por políticas claras de transparencia en los datos y la información que permitan fomentar y aumentar la participación de la sociedad en los procesos democráticos.
Seguido a esto, Andrés Idárraga Franco, secretario de transparencia, mencionó el compromiso que tiene la Institución en promover la transparencia y el acceso a la información, no obstante esto no se limita simplemente a publicitar los datos, sino en mejorar los sistemas de apertura para que se facilite la participación, la transparencia y la veeduría de la sociedad civil en relación con el Estado. Así, cerrar las brechas en el acceso a la información debe ir de la mano con la lucha contra la corrupción, materializado en políticas públicas como se hace evidente en el recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo, que contempla cambios en la forma de contratación y medidas contra la corrupción y la impunidad. Sumado a esto, se va a presentar un proyecto de ley en el congreso de protección a demandantes de corrupción para dar mayores garantías y celeridad a los procesos judiciales que contemplen hechos de corrupción en el país.
La primera ponencia estuvo a cargo de Carolina Cornejo y Rosario Pavese, Líderes regionales de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), quienes mencionaron la importancia de consolidar una agenda regional en materia transparencia y apertura en los datos para generar un avance en bloque que facilite la interrelación regional. Respecto a Colombia, ya se han implementado cuatro planes de la OGP y se está estructurando el quinto a través de la creación del Comité de Estado Abierto haciendo énfasis en dos frentes; la línea de género con la inclusión de mujeres y comunidades diversas, y la línea medioambiental en articulación con el Acuerdo de Escazú, con el fin de integrar muchos actores con múltiples competencias que convergen en la planificación e implementación del plan.
Posteriormente, intervino Claire Launay Gama, directora programática de iniciativas de la sociedad civil de Transparencia por Colombia, quien expresó su preocupación respecto a la dificultad en el procesamiento de las denuncias de corrupción y en la celeridad de estos, ya que sustentar la carga probatoria es bastante complejo y demorado en el tiempo. Asimismo, señaló la dificultad de trabajar en temas de transparencia y anticorrupción cuando los organismos de control presentan un alto índice y denuncias de prácticas corruptas al interior de estos, lo que se traduce en menos casos de éxito en la lucha contra estas prácticas, a pesar de esto se debe seguir trabajando y haciendo uso de los mecanismos de control ciudadano con el fin de luchar por una Colombia libre de corrupción.
De parte de la Secretaría de Transparencia de Presidencia, se esbozó la presentación de un proyecto de ley para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos, a partir de la creación de una dependencia que brinde asesoría jurídica a los denunciantes para dar celeridad a los procesos, así como la activación de canales efectivos de seguridad para los ciudadanos que señalen hechos de corrupción en cualquier nivel del Estado. Lo anterior, acompañado de procesos de transparencia, apertura de datos, participación y veeduría ciudadana, especialmente en la adjudicación y ejecución de contratos, que es donde más se presentan hechos de corrupción. De igual forma, Wilmar Giraldo, director ejecutivo de CORLIDE, planteó que desde las administraciones locales no tienen claro cómo participar en procesos de transparencia y estado abierto, por lo tanto, se deben generar políticas públicas desde el nivel central y territorial que cree nuevos mecanismos de incidencia política y ciudadana, sumado a esto, se debe hacer partícipe al sector privado como un actor fundamental en las iniciativas de gobierno abierto.
La parte final del encuentro tuvo como protagonistas algunos delegados de entidades territoriales del país, como la gobernación del Valle del Cauca y de Boyacá, las alcaldías de Palmira, Popayán, Yumbo y Cali quienes presentaron los mecanismos que están implementando en sus municipios acorde al plan de transparencia y apertura de datos según su capacidad institucional y financiera con el fin de hacer partícipe a la ciudadanía en los procesos de toma de decisión. Finalmente, el evento concluyó con las palabras de Stefan Reith, representante de la KAS en Colombia, quien agradeció a todos los participantes y reafirmó la importancia de propiciar estos espacios de discusión y el compromiso de la fundación con incentivar la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
