La apertura de la mesa la realizó el director ejecutivo del ICP, Carlos Augusto Chacón, quien enfatizó en que el objetivo de esta mesa es entender las economías ilícitas dada la preocupación por la falta de capacidades para caracterizarlas pues en distintos gobiernos se han concentrado en el narcotráfico y se ha dejado de lado otros focos de financiación ilegal como la tala ilícita.
Después, Stefan Reith, director de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), contextualizó el rol de la KAS en el país y su alianza con el ICP, manifestando que es importante generar espacios para comprender las economías ilícitas dado que son también una amenaza para la seguridad y la paz en Colombia. También, afirmó la importancia de este tipo de diálogos como antesala a la COP 16.
Posteriormente, Daniel Rico, experto en organizaciones criminales, expuso que la tala ilegal es una práctica criminal que afecta múltiples regiones y en este sentido, abordar esta problemática implica comprender la dinámica de la comercialización lícita e ilícita de la madera. Finalmente, comentó que no hay una estrategia compacta para analizar a todos los eslabones de la cadena pues normalmente se investiga a los individuos que talan, pero no a los empresarios o puntos de acopio.
Luego, el intendente de la policía, Cristian Melo explicó que los asuntos ambientales han mutado por el dinamismo en la actividad criminal porque han logrado aumentar los ingresos económicos ilícitos con distintas fuentes. Hizo énfasis en que la complejidad actual obedece a las variadas alianzas criminales favorecidas por una geografía dura en el centro y sur del país, sin embargo, destacó que los nuevos enfoques de la Policía Nacional reconocen la protección del medioambiente y procuran rastrear los focos de estas economías ilícitas.
A continuación, Cesar Rey, delegado de USAID, categorizó la tala de árboles en distintas dinámicas con la intención de visibilizar que hay acciones tanto legales como ilegales en la comercialización, reforestación y cosecha de distintas especies de árboles. Rey, consideró que parte del problema radica en que no hay claridad, en términos operacionales y conceptuales, sobre qué recursos forestales se pueden aprovechar y cuáles se deben proteger.
Después, Edgar Sánchez, fiscal de delitos ambientales, explicó el rol actual de la fiscalía en la dinámica ilegal destacando que procuran perseguir a individuos con cargos de alto rango. También, expuso que uno de los grandes factores de la tala ilegal es la ganadería extensiva y el acaparamiento de lotes baldíos. Por último, resaltó la labor de la fiscalía en la generación de alertas tempranas para realizar seguimientos a las redes de explotación en el país.
Seguido a esto, el director ejecutivo de Fedemaderas Miguel Vásquez, dejó en claro que el gremio maderero, a pesar de tener una trayectoria por más de 20 años, no ha logrado generar una economía con plena capacidad para aprovechar estos recursos naturales a raíz de fenómenos como la estigmatización y la poca intención estatal para generar incentivos. Además, explicó que Colombia tiene 552,000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales, que es poco, en comparación a las 7.000.000 de potenciales hectáreas para la explotación, perdiendo la opción de escalar la producción maderera.
Finalmente, Alcy Pinedo, abogado del Observatorio de Conflictos Socioambientales, afirmó que hay pocas herramientas pedagógicas para fomentar el conocimiento y cuidado de distintas especies de árboles. También, reconoció que en el territorio colombiano hay poca capacidad humana y una débil infraestructura institucional lo que lleva a situaciones como, la perdida de foco de lo que se puede catalogar como delito o infracción dando lugar a vacíos legales. Así mismo, Carolina Castellanos, comentó que hay un desconocimiento de las especies de árboles que pueden ser explotadas legalmente porque no hay una actualización territorial constante para lograr ordenar la explotación en el campo de estos recursos.
En conclusión, los participantes de esta mesa dejaron en claro que gran parte de la problemática del comercio ilícito de madera es porque no hay claridad técnica, esto lleva a la pérdida de capacidad de aprovechamiento del recurso. Además, se identificaron varios vacíos jurídicos respecto a la legalidad o ilegalidad de esta labor maderera. Incluso, no hay una plena cooperación interseccional con las instituciones colombianas y pocas alianzas regionales para rastrear la operación del comercio en países cercanos a Colombia. Por último, queda la intención positiva de continuar fomentando estos espacios para lograr generar recomendaciones de política pública.
La apertura de la mesa la realizó el director ejecutivo del ICP, Carlos Augusto Chacón, quien enfatizó en que el objetivo de esta mesa es entender las economías ilícitas dada la preocupación por la falta de capacidades para caracterizarlas pues en distintos gobiernos se han concentrado en el narcotráfico y se ha dejado de lado otros focos de financiación ilegal como la tala ilícita.
Después, Stefan Reith, director de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), contextualizó el rol de la KAS en el país y su alianza con el ICP, manifestando que es importante generar espacios para comprender las economías ilícitas dado que son también una amenaza para la seguridad y la paz en Colombia. También, afirmó la importancia de este tipo de diálogos como antesala a la COP 16.
Posteriormente, Daniel Rico, experto en organizaciones criminales, expuso que la tala ilegal es una práctica criminal que afecta múltiples regiones y en este sentido, abordar esta problemática implica comprender la dinámica de la comercialización lícita e ilícita de la madera. Finalmente, comentó que no hay una estrategia compacta para analizar a todos los eslabones de la cadena pues normalmente se investiga a los individuos que talan, pero no a los empresarios o puntos de acopio.
Luego, el intendente de la policía, Cristian Melo explicó que los asuntos ambientales han mutado por el dinamismo en la actividad criminal porque han logrado aumentar los ingresos económicos ilícitos con distintas fuentes. Hizo énfasis en que la complejidad actual obedece a las variadas alianzas criminales favorecidas por una geografía dura en el centro y sur del país, sin embargo, destacó que los nuevos enfoques de la Policía Nacional reconocen la protección del medioambiente y procuran rastrear los focos de estas economías ilícitas.
A continuación, Cesar Rey, delegado de USAID, categorizó la tala de árboles en distintas dinámicas con la intención de visibilizar que hay acciones tanto legales como ilegales en la comercialización, reforestación y cosecha de distintas especies de árboles. Rey, consideró que parte del problema radica en que no hay claridad, en términos operacionales y conceptuales, sobre qué recursos forestales se pueden aprovechar y cuáles se deben proteger.
Después, Edgar Sánchez, fiscal de delitos ambientales, explicó el rol actual de la fiscalía en la dinámica ilegal destacando que procuran perseguir a individuos con cargos de alto rango. También, expuso que uno de los grandes factores de la tala ilegal es la ganadería extensiva y el acaparamiento de lotes baldíos. Por último, resaltó la labor de la fiscalía en la generación de alertas tempranas para realizar seguimientos a las redes de explotación en el país.
Seguido a esto, el director ejecutivo de Fedemaderas Miguel Vásquez, dejó en claro que el gremio maderero, a pesar de tener una trayectoria por más de 20 años, no ha logrado generar una economía con plena capacidad para aprovechar estos recursos naturales a raíz de fenómenos como la estigmatización y la poca intención estatal para generar incentivos. Además, explicó que Colombia tiene 552,000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales, que es poco, en comparación a las 7.000.000 de potenciales hectáreas para la explotación, perdiendo la opción de escalar la producción maderera.
Finalmente, Alcy Pinedo, abogado del Observatorio de Conflictos Socioambientales, afirmó que hay pocas herramientas pedagógicas para fomentar el conocimiento y cuidado de distintas especies de árboles. También, reconoció que en el territorio colombiano hay poca capacidad humana y una débil infraestructura institucional lo que lleva a situaciones como, la perdida de foco de lo que se puede catalogar como delito o infracción dando lugar a vacíos legales. Así mismo, Carolina Castellanos, comentó que hay un desconocimiento de las especies de árboles que pueden ser explotadas legalmente porque no hay una actualización territorial constante para lograr ordenar la explotación en el campo de estos recursos.
En conclusión, los participantes de esta mesa dejaron en claro que gran parte de la problemática del comercio ilícito de madera es porque no hay claridad técnica, esto lleva a la pérdida de capacidad de aprovechamiento del recurso. Además, se identificaron varios vacíos jurídicos respecto a la legalidad o ilegalidad de esta labor maderera. Incluso, no hay una plena cooperación interseccional con las instituciones colombianas y pocas alianzas regionales para rastrear la operación del comercio en países cercanos a Colombia. Por último, queda la intención positiva de continuar fomentando estos espacios para lograr generar recomendaciones de política pública.
