El director ejecutivo del ICP, Carlos Augusto Chacón, realizó la apertura de esta mesa enfatizando en la importancia de comprender, debatir y proponer nuevas herramientas de esta reforma para incluirla en la agenda – país con el fin de transformar a Colombia en el periodo de comprendido entre el 2026 al 2030. Después, Juan Moncada, miembro de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), resaltó la labor de la fundación en Colombia durante 60 años, apoyando el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la construcción de paz y la búsqueda del desarrollo sostenible.
Para iniciar, el director de Regulación del GEB, Jaime Orjuela, enfocó el debate en dos puntos: la coyuntura energética en la cual está inmersa el Caribe y el retraso en proyectos de inversión en infraestructura los cuales pueden afectar la atención de la demanda en Bogotá y Cundinamarca en los próximos años. En cuanto al Caribe colombiano, Orejuela explicó que el problema de las tarifas obedece a defectos en la lectura real sobre el consumo de los habitantes, uso excesivo de energía, perdida de la focalización de los subsidios, problemas en la estratificación territorial e inconvenientes con la generación y distribución de la energía.
Posteriormente, el representante a la Cámara, Ciro Rodríguez, inició la discusión comentando que los usuarios de los servicios públicos en Colombia gozan de estabilidad jurídica porque están cobijados bajo mandato constitucional con tendencia a la gratuidad. Sin embargo, son conscientes de que el servicio no es eficiente y hay un problema universal de infraestructura atado a problemas financieros. No obstante, destaca las variadas herramientas que ofrece la ley para lograr satisfacer la demanda por medio de la modernización de los sistemas, adecuándose a los nuevos requerimientos del país con nuevas focalizaciones en los territorios.
Después, Alejandro Castañeda, director de ANDEG, afirmó que no es necesario cambiar la ley pues los criterios están vigentes, pero se deben reajustar conforme a las comisiones de regulación, que actualmente no tienen una base técnica consolidada. Lo anterior se debe a que hace dos años han rotado los equipos de trabajo de dichas comisiones con personas no capacitadas. Además, expresó que la Ley 142 manifiesta que las comisiones deben estar compuestas por personas técnicas y que la labor del control está a cargo de la superintendencia sin la necesidad de una intervención gubernamental. Incluso, ejemplificó con los apagones del 91 – 92, que la administración del Estado en el mercado eléctrico solo llevó a malas ejecuciones y perdida de presupuesto, sin embargo, si es necesario una coadministración entre entidades especializadas y el Estado en la promoción de proyectos de inversión en redes de transmisión y generación.
Seguido a esto, Jorge Enrique Cardoso, comisionado de regulación de agua potable y saneamiento básico (CRA), consideró que la Ley 142 debe actualizarse conforme a la realidad de los prestadores y la nueva demografía. Afirmó que el Congreso debe trabajar con las comisiones reguladoras conforme al mandato constitucional para renovar el consumo mínimo vital y reducir las brechas del consumo respetando la libertad de competencia en el sector privado. También, comentó que las altas Cortes han establecido que los servicios públicos no son gratuitos y los concejos de regulación no pueden complementar o reformar la ley.
El director de Nalanda Analytica, Julián López Murcia, destacó que el esquema colombiano es uno de los más exitosos en cobertura de los servicios públicos y garantizando derechos sociales. No obstante, la Ley 142 debe tener unos ajustes desde la experticia en relación con la transición energética, la seguridad hídrica, la económica circular, y avanzar más en temas de participación de las comunidades como entidades prestadoras del servicio. En adición, señaló que hay que incentivar la inversión en el área energética y fomentar nuevas bolsas de mercado, para las que son necesarias la seguridad jurídica y normativa con enfoque a la eficiencia.
Finalmente, Ruth Maritza Quevedo, comisionada experta de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA), enfatizó que la reforma tiene al usuario en el centro de la discusión en aras de beneficiarlo con tarifas de consumo justas. También, se busca una integración entre periferias urbanas y rurales, equilibrio entre precio y calidad, reconocimiento de mínimos vitales y su debida financiación por medio de un enfoque territorial, y, generar una economía circular fusionada con las economías populares. Por último, la comisión de regulación se debe relacionar con ministerios para crear políticas públicas centradas en el consumidor final.
Para concluir, la mesa de expertos concluye que no es necesario crear nuevas leyes porque la ley actual ya contiene varios mecanismos y disposiciones que funcionan, sin embargo, sí debe haber una actualización de herramientas y enfoques tanto del Congreso como de las comisiones reguladoras. También, las mesas de trabajo deben estar conformadas por expertos con un enfoque en política pública que fomente la inversión, genere excedentes energéticos y así contar con un plan de emergencia. Se destaca también la necesidad de fijar marcos jurídicos claros para dar viabilidad a futuros proyectos interesados en la producción y transmisión de energía.
