La apertura del evento estuvo a cargo de Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política (ICP), quien enfatizó que el análisis de las economías ilícitas debe ir más allá del narcotráfico, pues los grupos criminales diversifican y sustituyen constantemente sus actividades en función de las ganancias que obtienen de distintos mercados ilegales. En este caso, el foco del evento se centró en la explotación y exportación ilegal de oro, una práctica que ha ganado relevancia en el contexto de economías ilícitas en Colombia. A continuación, Stefan Reith, director de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), hizo un llamado de atención sobre la necesidad de comprender cómo el crimen organizado opera en colaboración con Estados autoritarios, resaltando la importancia de abordar esta problemática desde una perspectiva internacional con el fin de fortalecer los sistemas democráticos y dotarlos con capacidad de respuesta.
Luego, Daniel Rico, experto en estudios sobre el crimen organizado, expuso la dinámica con la cual operan los grupos criminales en la explotación ilegal de oro. Rico explicó que, según varias investigaciones, existe una gran desproporción en la cadena de la minería ilegal debido a la falta de articulación entre las instituciones públicas y a que el diseño de estrategias no se enfoca adecuadamente en los eslabones más altos de la comercialización. En términos de política pública, los esfuerzos están orientados principalmente a erradicar las minas ilegales; sin embargo, no existe una directriz clara para implementar la trazabilidad que permita identificar la ruta de comercialización del oro. Esto implica que no se tiene claridad sobre el destino final del oro extraído ilegalmente, lo que dificulta los controles efectivos en esta cadena de valor. Desde un enfoque normativo, Rico señaló que la minería ilegal es combatida de manera punitiva, principalmente a través de la policía y la fiscalía, pero no mediante regulación, ya que no hay capacidad ni interés para fomentar un comercio de oro formal y legal. Por último, mencionó que las operaciones de lavado de activos tampoco son confrontadas eficazmente, en gran parte porque entes como la DIAN no generan estrategias efectivas, ya que no existen códigos vinculantes y diferenciadores que permitan distinguir entre la actividad legal e ilegal.
Después, Leonardo Guiza Suárez, experto en ambiente y conflictos sociales, explicó que, desde 2009, el 87% de la actividad minera en Colombia ha operado sin un título que le permita funcionar legalmente. Guiza señaló que esta situación es en parte consecuencia de la baja operatividad de los comandos de control, que no han sido suficientes para cubrir los diversos territorios colombianos afectados por la minería ilegal. En esta misma línea, Leonardo resaltó que los grupos armados actualmente operan en gran medida las minas ilegales, violando sistemáticamente los derechos humanos al explotar a las comunidades locales que practican la minería artesanal, transformando por completo su actividad tradicional. Guiza señaló que, aunque en algunos casos se logran llevar a cabo operativos en las zonas de explotación, estas intervenciones no generan un impacto sostenido, ya que, al cabo de unos días, las operaciones ilícitas suelen reiniciarse en los mismos campamentos ilegales. Además, destacó que se ha observado como, a través de la joyería en desuso o en prendarías de casas de cambio, se realizan procesos de fundición que permiten exportar y blanquear el oro ilegal. Este mecanismo facilita que el material se integre a los mercados formales, dificultando aún más los controles sobre el origen ilícito del oro y permitiendo que el lavado de activos se perpetúe en la cadena de exportación.
Hugo Cárdenas, periodista investigativo de El País, ha centrado su labor en identificar y rastrear a los líderes de los grupos criminales dedicados a la minería ilegal. En su investigación, Cárdenas descubrió que estos grupos utilizan diversos métodos para encubrir sus operaciones, como el uso de nombres de personas fallecidas registradas como vendedores de oro y la explotación en áreas con altas tasas de extracción que carecen de títulos mineros. Además, encontró múltiples comercializadoras no registradas que facturan más de 10 millones de dólares anuales, y que figuran en locaciones físicas incongruentes, como panaderías o consultorios médicos en algunos municipios, según constató su equipo periodístico al realizar verificaciones en el terreno. Adicionalmente, explicó que en sus investigaciones se descubrió que una gran cantidad de oro extraído ilegalmente se etiqueta como otros materiales, como el tungsteno, con el propósito de recibir las transacciones bancarias de regreso al país de forma legal. Esta estrategia facilita el blanqueo de capitales, ya que permite que el dinero producto de la venta del oro ingrese al sistema financiero nacional sin levantar sospechas sobre su origen ilícito.
Posteriormente, el coronel John Jairo Rueda, director de la división ambiental de la DICAR, expuso sobre el movimiento territorial y regional de los grupos criminales en relación con la explotación y tráfico de oro ilegal. Rueda explicó que la situación en Colombia es un caso sui generis, dado que el país cuenta con una larga tradición de minería artesanal, lo cual es aprovechado por grupos ilegales para movilizar el oro y, en algunos casos, incurrir en la trata de personas. Desde un enfoque económico, señaló que el precio de la onza de oro ha aumentado un 500% desde 2013, incentivando esta actividad ilegal y sumado al cobro de tarifas de hasta un 10% sobre todas las transacciones de la comunidad civil en las zonas donde las bandas criminales explotan oro ilegalmente. Además, las fronteras porosas en el sur del país facilitan la comercialización transfronteriza del oro a través de rutas fluviales y aéreas clandestinas.
La minería ilegal en Colombia evidencia cómo los grupos criminales aprovechan tanto la falta de articulación institucional como las prácticas de minería artesanal para expandir su control sobre este lucrativo mercado. La ausencia de trazabilidad en la cadena de comercialización del oro, sumada a la limitada capacidad regulatoria y a la complejidad geográfica del país, ha facilitado el blanqueo de oro y su exportación clandestina. Además, el incremento del valor del oro ha intensificado la explotación ilegal, generando graves implicaciones ambientales y sociales. Para enfrentar este fenómeno, es esencial un enfoque integral que abarque desde la regulación hasta el fortalecimiento del control territorial.
