Carlos Chacón, director ejecutivo del ICP, inauguró la mesa de expertos, destacando el papel del instituto en el análisis riguroso de las reformas legislativas, estudiando en profundidad sus fortalezas, debilidades y potenciales impactos. Después, Andrea Valdelamar, coordinadora de proyectos de la KAS, destacó el espacio de diálogo para entender el conflicto relacionado a la tenencia de la tierra en Colombia con el fin de proponer herramientas que fortalezcan las instituciones rurales en el país.
Posteriormente, Lorena Garnica, abogada especializada en derecho agrario e inmobiliario rural, realizó un análisis sobre el proyecto de ley 183 de 2024, tomando como punto de partida el decreto 291 de 1957, en el cual se estableció que el juez competente para resolver los litigios sobre repartición y tenencia de la tierra, estarían a cargo de los jueces de trabajo. Después, por medio del decreto 1819 de 1964, los litigios relacionados a la tenencia de la tierra estarían a cargo de los jueces civiles, argumentando que el asunto principal giraba en torno a bienes inmuebles. Luego, a mediados de los 80's, el Consejo de Estado crea la división agraria especializada en resolver litigios de tradición sobre la tierra sin lograr establecer las salas ni el nombramiento de magistrados especializados.
En la actualidad, como resultado de los acuerdos de paz, se establece la obligatoriedad de crear una oferta judicial suficiente y exclusiva para resolver asuntos de tenencia sobre la tierra; sin embargo, hubo un problema de interpretación de la ley, ya que no quedó claro si este asunto sería resuelto por una jurisdicción independiente o una especialidad mixta. Como consecuencia, hay una normativa mixta sin la propia definición de competencias y sin una plena composición de despachos judiciales; así pues, el proyecto de ley 183 de 2024 está pensado para crear funciones, competencias y procedimientos nuevos que se adapten a la resolución de estos conflictos rurales.
Sobre este proyecto de ley, Lorena identificó que modifica totalmente las normas agrarias preexistentes y crea nuevas normas cuya aplicación puede llegar a sobrepasar el trabajo de los jueces, pues incluye temas ambientales y contractuales. En adición, resaltó el fin del artículo 5 del numeral 12, el cual sostiene que los sujetos en situación de vulnerabilidad que ejecuten actividades productivas no pueden ser desalojados ni perturbados, llevando a una posible invasión de terrenos por medio de las vías de hecho. Además, llamó la atención sobre la posibilidad de que las comunidades étnicas puedan ser operadores catastrales.
Después de la exposición de Lorena, varios expertos en temas de tierras expresaron los puntos en los cuales consideran que hay alguna inconsistencia jurídica. Por ejemplo, Daniel Gómez Gaviria, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, planteó que la discrecionalidad en los criterios de aplicación de la ley puede seguir fomentando la dificultad de aplicación de la norma jurídica, dando como resultado que los grupos criminales puedan usar la norma a su favor. Diana María Ocampo, especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas, manifestó algunas dudas sobre la función del juez extra petita ya que tendrá funciones similares a los actuales jueces especializados en restitución de tierras. Además, este nuevo juez tardará en conocer los nuevos temas para legislar ya que tendrá que asumir nuevos temas en los cuales deberá fallar.
Así mismo, Jesús Dulce, especialista en gestión pública, considera que este proyecto de ley está pensado más como una herramienta al servicio de una doctrina porque hay varios temas relacionados a la soberanía alimenticia que están en contravía del liberalismo económico; incluso, afirmó que muchos temas ya están reglamentados por la 160. Por su parte, María Camila Agudelo, directora asuntos públicos de la ANDI, consideró que lo que busca realmente el gobierno actual es una reforma agraria, pues el proyecto de ley pretende modificar distintos elementos de distintas instituciones y normatividades vigentes. Adicionalmente, considera que el proyecto establece unas cargas sobre la prueba que no llevan a la transparencia jurídica porque no hay un sistema que procure la veracidad de las afirmaciones en asuntos de tradición o tenencia de la tierra.
Por último, Carlos Chacón, sostuvo que gran parte de los problemas de tierras surgen de una poca oferta de mercado rural, debido a que no hay claridad en cuanto a la organización jurídica de los territorios y, en términos de transacciones, no hay certidumbre institucional. También, consideró que la baja inclusión financiera de comunidades campesinas y afros lleva a la informalidad y tecnificación en el sector de economías agropecuarias.
Como conclusión, este proyecto persiste en operar bajo unos principios normativos confusos que posiblemente llevarán a congestionar a los jueces porque no habrá claridad en cuanto a las normas vinculantes en litigios sobre tenencia de la tierra. En cuanto a temas sensibles como expropiación o administración de lotes baldíos, persiste la inquietud sobre cómo el gobierno dará tramite a la formalización de estos.
