El objetivo de las mesas fue discutir la presión que genera la migración de Venezuela en la ciudad de Medellín en los siguientes temas: acceso a derechos, xenofobia/aporofobia, acceso a servicios públicos domiciliarios y seguridad ciudadana. Esto con el ánimo de encontrar insumos de política pública para su gestión. En las mesas participaron académicos, miembros de la fuerza pública, ONG que desarrollan temas de seguridad y funcionarios públicos de la ciudad de Medellín.
El investigador Ronal Rodríguez, miembro del Observatorio, resaltó el trabajo en la búsqueda de insumos de política pública que guíen la respuesta para la atención a las poblaciones migrantes en las ciudades donde se experimenta una mayor movilidad humana proveniente de Venezuela. Por su parte, María Paula León, Coordinadora de Proyectos, señaló el compromiso de la KAS en el apoyo a iniciativas que conlleven al fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia en las distintas ciudades de Colombia.
El evento comenzó con la Mesa de diálogo Integración sin Discriminación: xenofobia y aporofobia en Medellín. En este espacio los participantes dialogaron en torno a ¿qué estrategias, políticas y acciones se deben implementar para facilitar la inclusión de migrantes y retornados de Venezuela en la ciudad de Medellín?
Entre los aportes más representativos del diálogo, se mencionó que para garantizar esta integración en Medellín la administración debe hacer esfuerzos por abordar el fenómeno con la misma oferta de inclusión que existe para otras poblaciones vulnerables de la ciudad, teniendo en cuenta las particularidades que puedan existir. Asimismo, es importante realizar campañas de sensibilización para la comunidad de acogida en donde se explique las razones por las que los venezolanos están saliendo de su país, el recorrido que tienen que hacer y los procesos a los que se tienen que someter los migrantes. Finalmente, se resaltó que para abordar este proceso de inclusión en Medellín de la forma más integral, hay que garantizar una acción coordinada entre sector público, organizaciones de la sociedad civil y empresarios, para no doblar esfuerzos. Con éstos últimos es importante establecer estrategias de formalización y garantía en las condiciones de contratación para la población migrante, con el fin de no generar conflictos sociales con los locales.
Durante la segunda jornada de este evento, se abordó el tema acceso a derechos de la población migrante en la ciudad de Medellín. Entre las múltiples intervenciones se resaltó la importancia de que el gobierno municipal reconozca en su plan de acción a la población migrante, y desarrolle indicadores y metas claras para mejorar su calidad de vida y el acceso a derechos fundamentales. En esta mesa se discutió la importancia de generar espacios de divulgación y armonización de la información sobre permisos de permanencia y sobre los mecanismos de regularización para migrantes, lo que les permitirá acceder más fácilmente al sistema de salud, educación y facilita la vinculación laboral. Por otro lado, Ronal Rodríguez hizo énfasis en la necesidad de reconocer a los retornados colombianos que se encuentran en un limbo al momento de regresar del país vecino. Así pues, se hizo hincapié en la necesidad de un trabajo mancomunado entre las instituciones nacionales y municipales, en la importancia de la catracterización y regularización de los migrantes y en la generación de estrategias que visibilicen y apoyen a los retornados connacionales.
La mesa número tres fue sobre “Migración proveniente de Venezuela y acceso a servicios públicos domiciliarios”. Las intervenciones plantearon diversos retos en torno al acceso a servicios públicos por parte de la población migrante. La imposibilidad de censar a la población migrante, evita tener una información más completa de sus condiciones de vida en Medellín y, por ende, dificulta la materialización de políticas públicas más eficientes. Si bien la ciudad ha sido históricamente receptora de migrantes, nunca lo había hecho de forma tan masiva y con tan altos índices de vulnerabilidad, lo que implica una gestión más rápida de las soluciones para esta población. Durante la discusión se hizo evidente la importancia de aumentar la oferta, sobre todo, de vivienda y empleo para poder garantizar un mejor acceso a servicios públicos domiciliarios.
En cuanto a las posibles soluciones se expuso que un primer paso es integrar esta nueva dinámica demográfica y social a los indicadores de intervención en el territorio. A su vez, planes de vivienda mediante el fortalecimiento de la integración financiera de esta población y el acceso fácil a créditos de vivienda, revitalización urbana en la ciudad, formalización a 0 costo para los empleadores y cualificación técnica o tecnológica a través del Sena, son acciones que podrían solucionar algunos retos planteados en la mesa.
Como última mesa se desarrolló la relativa a la seguridad ciudadana. Allí se encontró que, por un lado, los riesgo recaen en problemas de convivencia al interior de inquilinatos con motivo de las diferencias culturales, el conflicto/lucha por los recursos entre la población de acogida y la migrante que da lugar a xenofobia en tanto ambas poblaciones se encuentran en escenarios igual de vulnerables. Por otro lado, se destacó el uso de migrantes venezolanos por bandas criminales establecidas que dinamizan el conflicto microterritorial. Los migrantes son utilizados como mecanismo para no comprometer a cabecillas/integrantes colombianos en tareas como el transporte de drogas y armas y el cobro de “vacunas”. En esta mesa también se subrayó la necesidad de caracterizar a la población migrante y formular una política integral para su atención.
