El 6 de junio de 2019 se consolidó en México la reforma constitucional de paridad de género, a través de la cual se obliga a todos los entes públicos a cumplir con este principio. Se trata de la culminación de al menos cuatro décadas de acciones que paulatinamente fueron reconociendo la necesidad de subsanar la subrepresentación de las mujeres en los tres órdenes de gobierno, los tres poderes que componen al Estado mexicano y en los organismos públicos descentralizados y autónomos.
La reforma de paridad en todo se convirtió así en el garante legal para que al menos la mitad de todas las posiciones de poder sean ocupadas por mujeres, lo que acerca a quienes integran casi el 52% de la población a la tan anhelada igualdad sustantiva y es indicador de la calidad democrática de México.
México ha logrado grandes avances en lo que a derechos humanos de las mujeres se refiere. Actualmente es, sin dudarlo, una de las naciones de avanzada en cuanto al marco legal y regulatorio para la inclusión social de las niñas y las mujeres. Su historia hacia la paridad y la igualdad sustantiva es larga y fructífera, incluso cuando se ha enfrentado al machismo que culturalmente permeó y sigue vigente a lo largo y ancho de su territorio.
Afortunadamente, la incorporación de más mujeres en cargos clave es piedra angular para mantener un paso incansable y alcanzar, después de la muy útil herramienta numérica que significa la paridad, el Santo Grial de la tan anhelada igualdad sustantiva: que se entienda que mujeres y hombres tienen el mismo valor y por lo tanto deben tener iguales derechos, oportunidades y responsabilidades para construir la patria ordenada, libre, pacífica y justa que todas y todos merecemos.
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