El documento presentado propone una reforma al artículo 116 constitucional que permitiría mejorar el funcionamiento y consolidar la independencia de los poderes judiciales estatales, con propuestas como la inclusión de garantías para asegurar un presupuesto suficiente, la independencia de las instancias de control interno, el desarrollo de una política anticorrupción, el fortalecimiento de los procesos de designación de las personas magistradas y juezas, así como de las personas consejeras de la judicatura.
De acuerdo con el reporte, los poderes judiciales estatales han enfrentado múltiples injerencias y capturas por parte de los poderes ejecutivos y legislativos y de actores con poder fáctico. Los intentos por someterlos se han manifestado mediante la entrega de presupuestos insuficientes, la presentación de reformas normativas para modificar el método de designación o el mandato de sus más altos representantes; y hasta ataques a la integridad del personal judicial. Ante este panorama, es indispensable que el marco constitucional federal cuente con elementos que fortalezcan a las instituciones de justicia de las entidades federativas, garantizando su independencia, mejorando su operación y consolidando su rendición de cuentas.
“Confiamos en que estos elementos podrán servir de insumo para una discusión en el Congreso federal hacia una necesaria reforma de los poderes judiciales locales. Bien puede también alimentar discusiones entre poderes judiciales y congresos locales que consideren la independencia judicial como una prioridad”, apuntó Adriana Aguilar, investigadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa durante un conversatorio.
Por su parte, Hans Blomeier, representante de la Fundación Konrad Adenauer en México, indicó que, dado que los poderes judiciales estatales tienen la complejísima labor de administrar la justicia más cercana a la población, es necesario mejorar su funcionamiento con propuestas como la inclusión de garantías de independencia judicial.
Durante el evento, personas expertas coincidieron en que elegir a las personas juzgadoras por voto popular, como se ha planteado en este sexenio, implicaría politizar aún más estas designaciones y vulnerar la independencia judicial. La experiencia internacional ha demostrado que la ciudadanía elige a las personas juzgadoras sin estar informada y con muy bajos niveles de participación, condiciones que no favorecen la idoneidad de las personas electas.
El reporte pone especial alerta en la propuesta de crear un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos integrantes serían nombrados por voto popular y señala que las causales para la investigación y sanción son ambiguas y mucho más amplias que las que existen en la actualidad. Además, esta configuración facilitaría la politización de los procesos disciplinarios y dejaría un gran margen de discrecionalidad al nuevo tribunal para sancionar a personas juzgadoras que no se alineen a cierta línea predeterminada, apuntó Laurence Pantin, coautora del estudio.
Si bien los poderes judiciales locales cuentan con la facultad de promover reformas legislativas, en el contexto de gran polarización política actual, sería difícil que puedan lograr cambios que les garanticen una mayor independencia. Por ello, México Evalúa, la Fundación Konrad Adenauer, el Observatorio de Designaciones Públicas y el colectivo La Justicia Que Queremos proponen una reforma constitucional basada en estándares internacionales en el ánimo de fortalecer la impartición de justicia a nivel local.
El documento completo puede consultarse aquí
