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El Foro sobre Agenda Anticorrupción en América Latina fue inaugurado por la Directora Regional del Programa Partidos Políticos y Democracia, Dra. Kristin Wesemann, quien recordó que la corrupción es un fenómeno global que se ha convertido en uno de los temas de mayor interés público. Agregó que hoy es el momento oportuno para formular propuestas, desde una visión humanista, para combatir la corrupción y mantener la política limpia y al servicio de la gente.
Rubén Hidalgo, Director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, INCEP, destacó que la Fundación Konrad Adenauer, la ODCA y el INCEP, no han cesado en su afán por promover una práctica política apegada a los principios y valores. Añadió que este trabajo se focaliza principalmente en la formación de las juventudes políticas.
Por su parte, Jorge Ocejo, Presidente de ODCA, coincidió que una acción política sustentada en principios y valores, en una ética humanista, es la vía para una política al servicio de los demás y para lograr el Bien Común. Postuló que para combatir la corrupción se debe legislar, generar nuevos marcos legales, pero advirtió que no basta con tener buenas leyes sino hay una actitud individual y colectiva de cambiar y si estas leyes no garantizan una sanción efectiva. La impunidad -sentenció- hace que cualquier buena legislación fracase.
En la conferencia introductoria, Marvin Flores, consultor del capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional presentó los distintos indicadores utilizados para medir y analizar la evolución de la corrupción.
Marvin Flores presentó también el Mapa Mundial de la Corrupción que permite apreciar que Uruguay, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá están en la misma categoría que los países más transparentes de Europa, Australia y Japón. Uruguay y Chile superan a Francia, Portugal, España, Italia, Israel y los países de Europa del Este. En tanto, los restantes países de la región se sitúan en los parámetros de los países africanos y los asiáticos, entre ellos China.
El Vicerrector de Integración de la Universidad Rafael Landívar, sacerdote jesuita Carlos Rafael Cabarrús, abordó el tema de la corrupción desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia señalando que se debe considerar desde tres niveles. El nivel personal, que es de las propias actitudes y la ética personal; desde el nivel meso o colectivo, en que las organizaciones sociales o comunidades intervienen para cambiar las situaciones injustas; y el nivel macro o estatal desde donde se generan políticas públicas o normas legales para salvaguardar el Bien Común.
Afirmó que las fuentes de la corrupción están en la avaricia, en un ansía desmedida de tener; y en la codicia, el usar medios ilícitos o lícitos para apropiarse de bienes ajenos privados o públicos. Agregó que el ejercicio del poder debe orientarse a la justicia, la distribución de la riqueza y el bien común que es la promoción del desarrollo humano y el progreso general.
Rootman Pérez, secretario del Ministerio Público de Guatemala, y Ricardo Gómez Gálvez, ex presidente del Congreso de ese país, abordaron el proceso de movilización social y la intervención de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) para desactivar la red de corrupción en la que participaron las máximas autoridades del Estado.
Rootman Pérez recordó que Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el año 2006 un acuerdo para la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para apoyar al Ministerio Público, la policía y otras instituciones en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de grupos armados ilegales. La CICIG y el Ministerio Público, con la finalidad de combatir el crimen organizado, diseñaron un sistema de interceptación telefónica, una oficina para la protección de testigos, la reforma a la justicia penal y una fiscalía especial contra la impunidad encargada de investigar los casos más relevantes.
Por su parte, el ex presidente del Congreso de Guatemala, Ricardo Gómez Gálvez, destacó el rol jugado por la CICIG y el Ministerio Público, quienes denunciaron el 16 de abril de 2015 el caso llamado “la línea” sobre la red de contrabando en las aduanas. Agregó que estos organismos revelaron oportunamente que esta red de corrupción era liderada por el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti y que estaba integrada también por el secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón y los directores de la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria).
Concluyó que el actor más relevante fue la propia ciudadanía que inició un proceso de protesta social durante más de 20 semanas consecutivas y que culminó el 2 de septiembre de 2015 con la caída del gobierno y el procesamiento penal de las autoridades involucradas.
La vicepresidenta del Congreso de Honduras, diputada Gladis López Calderón, presentó la otra iniciativa internacional creada para combatir la corrupción: la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
La diputada Gladis López precisó que Honduras es un país pequeño que enfrenta diversas manifestaciones de corrupción, algunas de ellas derivadas de la acción de poderosas organizaciones criminales o de redes de corrupción privada. Agregó que combatir los casos de corrupción es difícil cuando la policía o el sistema de justicia han sido penetrados por la corrupción, por ello, destacó la voluntad política del Presidente Juan Orlando Hernández y del Secretario General de la OEA Luis Almagro quienes el 19 de enero de 2016 suscribieron el convenio que creó la MACCIH.
Destacó que la MACCIH surgió de un diálogo y un acuerdo nacional (sociedad civil, empresarios, gremios sindicales, oposición, gobierno) y que su principal objetivo es combatir la corrupción y la impunidad a través de la supervisión y certificación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y, al mismo tiempo, producir una reforma estructural de la administración de justicia.
El ex diputado del Partido Acción Nacional de México, Fernando Rodríguez Doval, presentó el Sistema Nacional Anticorrupción, una reforma constitucional impulsada por el Grupo Parlamentario del PAN, para crear un nuevo diseño institucional que garantice la rendición de cuentas de todos los poderes y niveles, que cuente con mecanismos de prevención, control externo, investigación y sanción. Precisó que las falencias que serán subsanadas son la ausencia de rendición de cuentas y la impunidad, lo que deriva en corrupción.
El Sistema Nacional Anticorrupción cuenta de tres partes fundamentales: la parte preventiva que es ejercida por la Secretaría de la Función Pública que es la encargada del control interno de todas las dependencias a nivel nacional; la parte de investigación y control externo realizada por la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la República; y la parte Sanción que es ejecutada por el Tribunal de Justicia Administrativa.
Finalmente, Daniela Moreno Tacchi, Directora de Estudios del Consejo de la Transparencia de Chile, preciso que Chile (lugar 23° de 168 países) es considerado uno de los países menos corruptos del mundo. Sin embargo, los casos de corrupción del año 2015 (Caso Penta, Caso Soquimich, Caso Caval, Caso Corpesca y Colusión Papel Tissue) han puesto el tema en la agenda pública principalmente por el conflicto entre la política y los negocios (los partidos políticos y las empresas).
A consecuencia de esta situación la Presidenta de la República creó un Consejo Asesor Presidencial contra la Corrupción (llamada “Comisión Engel”) integrado por 16 personas expertos en temas económicos, jurídicos, tributarios y de probidad; representantes de organizaciones sociales; centros de estudios, e instituciones para generar nuevas propuestas contra el tráfico de influencias, los conflictos de interés y la corrupción.
Finalmente, Daniela Moreno destacó entre las medidas novedosas la incorporación de la formación cívica y ética en los programas educacionales.
El Foro fue clausurado por Francisco Javier Jara, Secretario Ejecutivo de ODCA, señalando la importancia de poder compartir distintas experiencias y fórmulas para el combate a la corrupción en el ámbito público, privado e individual, desde las reformas constitucionales, las iniciativas legislativas, la promoción de los valores, y la participación de organismos internacionales.
Concluyó reiterando que, en la lucha contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la apropiación indebida de bienes, es necesario seguir promoviendo una visión humanista cristiana del mundo y de la vida, sustentado en valores orientados al logro del Bien Común y al desarrollo integral de la persona humana.