En este contexto, se presentan diversos modelos de integridad y compliance a ser implementados. Un rol importante, sobre el que seguramente discutiremos el día de hoy, cae sobre la Junta Nacional de Justicia, cuya creación presupone un paso importante para una independencia de la judicatura frente al poder político coyuntural.
Con relación al tema de la independencia judicial, la revista aborda dos cuestiones esenciales: en primer lugar, la independencia e integridad de jueces y fiscales de acuerdo a estándares internacionales. En segundo lugar, lo importante que es el trabajo con la cooperación internacional, a fin de alcanzar esos estándares, los cuales están plasmados en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otros mecanismos.
Un concepto cuidadosamente analizado es el de las Personas expuestas políticamente (PEP) y cómo se podrían mejorar las acciones preventivas y los mecanismos para investigar con más eficiencia a este tipo de funcionarios, los cuales, debido a sus altas posiciones, pueden ser más susceptibles a los efectos de la corrupción. Los casos recientes de corrupción en América Latina vinculados a grandes proyectos de infraestructura son una clara señal de que se necesitan reformas urgentes, ya que estos casos no son solo una amenaza para la credibilidad de los sistemas legales, sino para el sistema democrático en su conjunto.
Sin embargo, la lucha contra la corrupción no podría estar completa si no se garantiza que malos elementos no ingresen al sistema político a través de la votación popular. Es por eso que se deben priorizar acciones inmediatas y mediatas, como la firma de la declaración jurada de intereses, prohibición de personas condenadas y procesadas por delito grave para ser candidatos electorales.
Asimismo, la publicación discute el acceso de personas vulnerables a la justicia a través de mecanismos como las Reglas de Brasilia, así como la incorporación gradual de una perspectiva de género en el proceso de trabajo de jueces, pero también en los rasgos generales de la cultura legal de cada país.
Finalmente, se considera que una reforma integral de la justicia en el Perú y Latinoamérica es muy difícil, pero no imposible. El problema ha sido que las estrategias han sido formuladas sin estimaciones realistas de los recursos necesarios y con una escasa proyección en el tiempo. Sin embargo, es posible formular una estrategia integral si estamos dispuestos a proceder de manera metódica y aprender de los errores del pasado.
Con relación al tema de la independencia judicial, la revista aborda dos cuestiones esenciales: en primer lugar, la independencia e integridad de jueces y fiscales de acuerdo a estándares internacionales. En segundo lugar, lo importante que es el trabajo con la cooperación internacional, a fin de alcanzar esos estándares, los cuales están plasmados en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otros mecanismos.
Un concepto cuidadosamente analizado es el de las Personas expuestas políticamente (PEP) y cómo se podrían mejorar las acciones preventivas y los mecanismos para investigar con más eficiencia a este tipo de funcionarios, los cuales, debido a sus altas posiciones, pueden ser más susceptibles a los efectos de la corrupción. Los casos recientes de corrupción en América Latina vinculados a grandes proyectos de infraestructura son una clara señal de que se necesitan reformas urgentes, ya que estos casos no son solo una amenaza para la credibilidad de los sistemas legales, sino para el sistema democrático en su conjunto.
Sin embargo, la lucha contra la corrupción no podría estar completa si no se garantiza que malos elementos no ingresen al sistema político a través de la votación popular. Es por eso que se deben priorizar acciones inmediatas y mediatas, como la firma de la declaración jurada de intereses, prohibición de personas condenadas y procesadas por delito grave para ser candidatos electorales.
Asimismo, la publicación discute el acceso de personas vulnerables a la justicia a través de mecanismos como las Reglas de Brasilia, así como la incorporación gradual de una perspectiva de género en el proceso de trabajo de jueces, pero también en los rasgos generales de la cultura legal de cada país.
Finalmente, se considera que una reforma integral de la justicia en el Perú y Latinoamérica es muy difícil, pero no imposible. El problema ha sido que las estrategias han sido formuladas sin estimaciones realistas de los recursos necesarios y con una escasa proyección en el tiempo. Sin embargo, es posible formular una estrategia integral si estamos dispuestos a proceder de manera metódica y aprender de los errores del pasado.
