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Durante tres días, los pasados 25, 26 y 27 de septiembre, vivimos uno de los eventos más importantes del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung: el XXIX Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina. Esta edición fue organizada en conjunto con el Tribunal Constitucional de Perú; contó con la participación de delegaciones de Alemania, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia; y se desarrollaron cuatro paneles centrales para discutir sobre empresas y derechos humanos, seguridad nacional, controversias electorales e inteligencia artificial.
La agenda empezó con la presentación del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2023, nuestra publicación anual en la que diferentes expertas y expertos abordan los retos y las tendencias más apremiantes para el derecho constitucional en la región. Hartmut Rank, director del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, destacó la relevancia del Anuario como un espacio clave para el debate y la reflexión.
Por su parte, Felipe Franco, coordinador de proyectos, subrayó que el objetivo principal del Anuario es la difusión de investigaciones que exploran la intersección del derecho constitucional con otras áreas, como el derecho penal, laboral, ambiental, y otras ramas del conocimiento, como la economía; y anunció que la próxima versión de la publicación se enfocará en el derecho procesal constitucional, la protección del medio ambiente y los derechos de la naturaleza, invitando a los participantes a proponer temas.
Luego, se dio paso al diálogo de inicio para reflexionar sobre el activismo judicial y su impacto en la región. En la conversación participaron Carlos Enrique Arévalo, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana (Colombia); Fabio Enrique Pulido Ortiz, director del doctorado en Derecho y de la Maestría en Derecho Constitucional de la misma facultad; Luis Castillo Córdova, profesor de derecho constitucional y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura (Perú); y Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. La charla fue moderada por Trilce Valdivia, profesora titular de Derecho Constitucional y Derechos Humanos del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa (Perú).
Fabio Pulido enfatizó en que el activismo judicial ha sido un tema controvertido durante los últimos 30 años, especialmente en el contexto de Estados Unidos, donde ha sido objeto de críticas. Sin embargo, en América Latina, y particularmente en Colombia, tiende a ser visto de manera más positiva. A pesar de esta percepción favorable, señaló que no existe un consenso claro sobre la definición del concepto “activismo judicial”, lo que complica aún más el debate; y concluyó que no es inherentemente positivo o negativo; y que su valor depende de cómo y en qué contexto se aplique.
Luis Castillo propuso que el activismo judicial puede ser una herramienta útil para corregir deficiencias estructurales, especialmente en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, siempre y cuando los jueces adopten una postura de colaboración y gradualismo.
El panel concluyó subrayando la importancia de que los jueces ejerzan su papel de guardianes de la constitución sin sobrepasar sus competencias. Se enfatizó la necesidad de utilizar herramientas como la exhortación y la supervisión gradual para fomentar un activismo judicial más equilibrado y colaborativo, que no comprometa la separación de poderes y que busque mejorar el acceso a la justicia y los derechos de los ciudadanos.
La equidad intergeneracional
La conferencia inaugural del encuentro se tituló “Diálogo entre jueces: equidad intergeneracional y la protección de derechos para las generaciones futuras”. En este espacio, Peter Frank, magistrado del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, definió la equidad intergeneracional como la garantía de que las generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades con las mismas oportunidades que las generaciones presentes.
En este sentido, el enfoque abarca áreas clave como la deuda pública, la inversión en educación, la infraestructura y, particularmente, la protección del clima y el medio ambiente. El magistrado hizo referencia a una sentencia relevante del Tribunal Constitucional de Alemania, emitida el 24 de marzo de 2021, que consideró que la ley federal sobre el cambio climático, aunque alineada con los objetivos del Acuerdo de París, no era suficientemente estricta en la protección de las libertades futuras, ya que el plan propuesto podría agotar el presupuesto de emisiones antes de 2030, imponiendo mayores restricciones a las libertades de las generaciones futuras. El tribunal concluyó que el Estado tiene la obligación positiva de asegurar una transición hacia una producción climáticamente neutral de manera rápida y efectiva, anticipando los efectos en las libertades futuras.
Por su parte, César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional de Perú, explicó que los derechos fundamentales no deben limitarse únicamente a las generaciones presentes, sino que deben proyectarse hacia las futuras, reconociendo la importancia de proteger los recursos naturales y el medio ambiente para garantizar su bienestar.
Landa destacó la necesidad de aplicar métodos de interpretación constitucional que no solo miren retrospectivamente, sino que adopten un enfoque prospectivo. Hizo referencia a la idea de que los derechos de las futuras generaciones dependen de las decisiones que tomamos hoy, lo que implica una responsabilidad hacia el futuro en la interpretación de los derechos.
Añadió que las "cláusulas de apertura" de las constituciones, que integran tratados internacionales, juegan un papel fundamental en la protección de los derechos futuros, ya que permiten una interpretación flexible que promueve tanto el derecho vinculante (hard law) como el exhortativo (soft law). Finalmente, vinculó estos temas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, los cuales establecen obligaciones estatales para garantizar un desarrollo sostenible y una protección efectiva de los recursos naturales esenciales, como el agua y la energía limpia.
El magistrado Francisco Morales Saravia, del Tribunal Constitucional del Perú, expuso que en el principio de las generaciones futuras se debe pensar en el desarrollo sostenible, establecido por Naciones Unidas en los años 70. “Esto es algo moderno, pero que siempre ha existido, porque desde que el ser humano existe en este planeta siempre, de alguna manera, ha ido pensando en el futuro de los que vienen (...)
Quizás las nuevas constituciones establecerán normas específicas de obligaciones para el futuro. La primera obligación es con el medio ambiente, pero no es la única, por ejemplo, la riqueza cultural, el patrimonio histórico, el patrimonio inmaterial y el envejecimiento de la población mundial. Hoy, las personas viven más y vivirán más. Los próximos 50 años, el porcentaje de personas menores de 18 años será el mismo que las personas mayores de 60 años. ¿Qué estamos haciendo por eso? ¿Cómo va a ser el futuro de los que hoy son jóvenes y en el futuro serán mayores? El diálogo intergeneracional se presenta como un gran desafío en el que el papel de las cortes constitucionales es fundamental para sentar principios e interpretaciones que contribuyan a eso”, afirmó el magistrado Morales.
Cuatro paneles: empresas y DD.HH., seguridad nacional, controversias electorales e inteligencia artificial
En el primero de los cuatro paneles centrales del XXVIII Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, los jueces y las juezas participantes conversaron sobre el acceso a reparación constitucional en materia de empresas y derechos humanos.
En la primera ronda, los participantes expusieron casos sobre empresas y DD.HH. que se abordaron desde sus jurisdicciones para concluir que las empresas sí tienen obligaciones en el terreno de los derechos humanos y deben haber consecuencias cuando las incumplen. Algunas de las situaciones socializadas tuvieron que ver con el despido laboral de una persona con VIH; la regulación de las empresas de transporte en plataformas tecnológicas; y la instalación de peajes. Además, charlaron sobre la experiencia de cada uno de los países con la figura de la “inversión de la carga de la prueba”, a la hora de abordar la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos.
El segundo y tercer panel fueron privados. En estos espacios, las personas participantes reflexionaron sobre las tensiones que existen entre el orden público y el orden privado, y de qué manera pueden evaluarse los mismos ante circunstancias de especial complejidad como lo son los casos de criminalidad transnacional organizada. Además, debatieron sobre la jurisprudencia constitucional en materia de justicia electoral y el rol que juega el orden constitucional en la resolución de controversias electorales.
En el último panel, los jueces y las juezas discutieron sobre los usos y desafíos de la inteligencia artificial en la justicia constitucional y compartieron experiencias. La mesa principal fue moderada por Carolina Villadiego, líder del equipo de América Latina de la Comisión Internacional de Juristas.
Amaury A. Reyes, magistrado del Tribunal Constitucional de República Dominicana, aseguró que es importante la revisión humana al usar la IA y que, entre menos conocimiento jurídico el funcionario tenga sobre el tema para el que ha usado la IA, debería aumentarse la prohibición de usarla.
Por su parte, Ana María Ramos, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, contó la experiencia de la Corte con el proyecto “Pretoria” y resaltó que la IA podría servir para acercar al ciudadano a la justicia, a través de chatbots que resuelven dudas; o para proyectar documentos legales.
Dina Josefina Ochoa, magistrada de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, recordó que se debe respetar el criterio de no sustitución de la racionalidad humana, así como atender las cargas de transparencia, responsabilidad y privacidad.
La agenda del encuentro cerró con una mesa de conversación sobre los retos y las amenazas a la justicia constitucional. Participaron Luz Imelda Pacheco Zerga, presidenta del Tribunal Constitucional del Perú; Hartmut Rank, Director del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer; y moderó Felipe Franco, coordinador de proyectos del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
¡Gracias por acompañarnos en este gran evento! Estamos emocionados porque el próximo año celebraremos la edición número 30 del Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, un aniversario redondo que, como dijo Hartmut Rank, nuestro director, es muestra del compromiso continuo que la KAS comparte con todas y todos ustedes para fortalecer la justicia constitucional y promover un Estado de Derecho sólido en América Latina.
Para conocer más información sobre el evento, puede visitarse la página web: www.kas-encuentrotribunales.comRecursos adicionales:
- Inauguración del XXIX Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina 2024: https://fb.watch/v5hmEspcYe/
- Panel 1 - Acceso a mecanismos de reparación constitucional en materia de empresas y Derechos Humanos: https://www.youtube.com/watch?v=6UYrDYIM6bI
- Presentación del paper "Tecnología y Derechos Humanos": www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1048422520251855
- Panel 4 - Usos y desafíos de la inteligencia artificial en la justicia constitucional: https://www.youtube.com/watch?v=Ifpwkld2zfA
