Reconocida como una prioridad global desde la creación de la ONU, esta problemática ha impulsado la implementación de instrumentos e iniciativas como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, documento clave en la lucha por la prevención y erradicación de esta violencia. En Ecuador, la adhesión a tratados internacionales ha llevado a reformas constitucionales y legislativas orientadas a combatir esta problemática, incluyendo la violencia política, aunque persisten retos en ámbitos como la educación, los partidos políticos, las instituciones del Estado y los medios de comunicación.
El estudio concluye que Ecuador ha logrado avances significativos en la construcción de un marco institucional que aborda la violencia contra la mujer, posicionándose como un caso de éxito parcial en la política pública. No obstante, alcanzar resultados sostenibles y equitativos requiere fortalecer las capacidades estatales y mantener el enfoque en la igualdad y paridad de género. De lograrse estos objetivos, en las próximas décadas el país podría registrar avances significativos en seguridad e incentivos para la participación política de las mujeres.
