La sesión de apertura estuvo a cargo de Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP, quien destacó la importancia de estos espacios para analizar el crimen organizado transnacional y su incidencia en la formulación de una política de Estado en seguridad y defensa. Posteriormente, Andrea Valdelamar, coordinadora de proyectos de la KAS, enfatizó la necesidad de diseñar nuevas estrategias para combatir la expansión del crimen organizado en el país.
La discusión inicial estuvo liderada por Joseph Humire, director ejecutivo del Center for a Secure Free Society; María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático; Luz Ayda Pastrana, representante a la Cámara por Cambio Radical; Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa; y Paola Holguín, senadora del Centro Democrático.
Joseph Humire, experto en seguridad global, explicó los cambios en la política de seguridad y defensa de Estados Unidos, en un contexto donde organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha se han fortalecido y representan un riesgo para la seguridad y soberanía de ese país. En este marco, Humire abordó la orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump para designar a estos grupos como organizaciones terroristas, reconociendo el crimen organizado como una herramienta de coerción y permitiendo una respuesta estratégica ante esta nueva guerra asimétrica.
Por su parte, Luz Pastrana, representante a la Cámara por el Huila, señaló que la actual política de seguridad y defensa no ha respondido de manera efectiva al crecimiento del crimen organizado. Su intervención evidenció el complejo panorama nacional y llamó a la acción de las autoridades para atender las necesidades de cada territorio.
La senadora Paola Holguín subrayó que la seguridad es un derecho fundamental y que Colombia debe formular una política de Estado en seguridad y defensa, no solo para despolitizar el concepto y desligarlo de ideologías, sino también para garantizar la continuidad de las estrategias implementadas. En este contexto, alertó sobre el hecho de que más del 70% de los municipios del país están amenazados por la presencia de grupos armados, mientras que las capacidades de las Fuerzas Armadas se han reducido drásticamente y los procesos de sometimiento, desmovilización y desarme carecen de definiciones claras dentro de la actual política de paz.
María Fernanda Cabal reforzó la urgencia de diseñar una nueva política de seguridad y defensa, acompañada del fortalecimiento de las instituciones democráticas y de las Fuerzas Militares. En esta línea, Luis Fernando Niño, alto consejero para la Paz y la Reconciliación de la Gobernación de Norte de Santander, presentó cifras preocupantes sobre los enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el ELN en la región del Catatumbo, destacando la fuerte influencia de organizaciones criminales en el territorio y la necesidad de que cualquier política de seguridad garantice la presencia efectiva de instituciones de justicia en todo el país.
La sesión inicial concluyó con la intervención de Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, quien enfatizó la necesidad de acompañar el fortalecimiento de las Fuerzas Militares con estrategias de desarrollo económico en las regiones. Asimismo, destacó la urgencia de una reforma carcelaria para mejorar el sistema de justicia y la importancia de diseñar una política de defensa basada en inteligencia estratégica.
Posteriormente, se llevó a cabo un espacio de discusión moderado por Carlos Augusto Chacón, en el que diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), junto con consultoras de riesgos políticos como Colombia Risk Analysis, miembros retirados de la Fuerza Pública y representantes de la academia, plantearon soluciones y delinearon los principales retos que debería abordar una nueva política de seguridad y defensa de cara a los comicios de 2026.
